Si bien, tras la audiencia pública celebrada el 10 de agosto pasado, todo parece encaminado para que el Poder Ejecutivo autorice en las próximas horas un aumento de 11,2 por ciento en los consumos residenciales de agua, el origen de las pérdidas aducidas por la compañía para justificar el aumento genera controversias en la oposición del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep).
El representante radical Alberto Marcos Zapiola aseguró que Aguas Cordobesas “es ineficiente, gasta mal y luego requiere ajustes tarifarios para compensar ese desorden”, en tanto que su par del Frente Cívico y Social, Rubén Borello, atribuyó parte de esas pérdidas al incumplimiento de las promesas de inversión por parte del Gobierno.
En los últimos días se sumó otra voz contra el aumento, la del Defensor del Pueblo, Mario Decara, quien directamente pidió la anulación del ajuste, ya que se trataría del quinto seguido en un año y medio, con un acumulado del 52,2 por ciento. Insostenible para los salarios, fundamentó. Casi todos esos reconocimientos se produjeron con el nuevo contrato de concesión de 2006.
Justamente, Borello pone el foco ahí. “Existe un acuerdo tácito, pese a su compromiso, la Provincia no hace las inversiones en redes y medidores para mejorar la eficiencia de la empresa, entonces le permite a Aguas subir la tarifa a costa del bolsillo de los usuarios”, graficó.
Aguas justificó su pretensión apuntando a los mayores costos operativos producidos en la prestación, sobre todo por el efecto de la inflación en los salarios y en los insumos. Zapiola le pega al corazón de ese planteo. “Los gastos operativos se mantienen en un nivel histórico que oscila en el 50 por ciento de los ingresos por facturación, acá lo que se ha disparado es el gasto de administración y comercialización”, recalcó.
Ante una consulta de este diario, la vocera de la empresa, Marcela Dávila, indicó que justamente el gasto salarial del personal efectivo de la compañía está imputado dentro de los gastos administrativos, pero Alberto Castagno, asesor de Zapiola, señaló que los salarios vinculados con la producción aparecen en otra fila del cálculo, dentro de los gastos operativos.
¿En qué gastan? Zapiola insistió en pedir al Ersep una auditoría de los registros contables de la concesionaria de los ejercicios 2007 y 2008 por parte de organismos que, por ejemplo, dependan de entes públicos, como la Universidad Nacional de Córdoba.
En cambio, Aguas sostiene que esos balances públicos, están a disposición del Ersep y son auditados desde hace más de una década por la prestigiosa consultora internacional Price Waterhouse. Castagno arremete contra ese punto. “El tema no está en la prolijidad, ni en la auditoría de los balances, sino en la calidad misma del gasto de una empresa que presta un servicio público”, dijo el ex presidente del Banco de Córdoba, de larga trayectoria en temas contables y financieros.
En términos técnicos, Price Waterhouse evalúa “la calidad del registro, pero no la calidad de la imputación, que es lo que debería observarse en una empresa que presta un servicio público y que después solicita al Estado aumentos tarifarios para compensar las pérdidas”, resaltó.
Borello sumó un punto a las diferencias. “A todos esos gastos, los revisan los integrantes de la Mesa de Estudios de Valores Tarifarios y Precios, los vocales no tenemos acceso a la evaluación detallada”, puntualizó, y reiteró los cuestionamientos originales del Frente Cívico y Social a este mecanismo, en 2006, cuando se renovó el contrato.
Un elemento adicional de discusión es lo que para la oposición es un exceso de previsiones por pérdidas, algo que la empresa justifica en el alto nivel de riesgo del contrato, en materia de juicios laborales o pago de daños a viviendas de terceros.
Entre 2003 y 2008 la concesionaria previsionó 154 millones de pesos, pero usó sólo 88 millones. “Es decir, previsionó 66 millones de pesos de más, plata que podría haberse usado para gastos operativos en lugar de inmovilizarse por las dudas. Hoy ocurre lo mismo, las previsiones son exageradamente altas para los riesgos reales que tiene la concesionaria”, indicó Zapiola.
Decara, finalmente, apunta un dato de contexto para rechazar la suba. No es consistente que las tarifas suban, en un escenario de recesión económica como el actual.