Un nuevo impulso tomó el proyecto que busca establecer una ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, elaboró un dictamen favorable en su última reunión que busca volver a instalar el proyecto sancionado en 2008 por el Congreso.
22 de octubre del 2008, fue la fecha en la que, por unanimidad, el Congreso sancionó la denominada Ley de Glaciares, registrada bajo el número 26.418. No obstante, diecinueve días después de su sanción, mediante el decreto 1837/2008, la ley fue vetada por el Poder Ejecutivo.
Entre los argumentos que se esbozaron para el veto de la ley se encontraban que “el establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades, sino por el contrario a fijar parámetros mínimos que las provincias deben asegurar”.
El decreto también argüía que la confección del inventario nacional de glaciares, previsto por el proyecto, podría llegar a generar conflictos con Chile, en tanto que los glaciares se encuentran en áreas pendientes de demarcación.
Según el Ejecutivo, el veto se debió a que los “gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada, toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias” tal como consigna el decreto que data del 2008.
Tras la negativa de la mandataria, se manifestaron gran cantidad de organizaciones ambientalistas y diputados, lo que generó que se vuelva a tratar en comisión el proyecto para ser nuevamente estudiado por el Congreso.
Se analizaron cinco iniciativas presentadas por distintos diputados, aunque la que obtuvo dictamen positivo fue la elaborada por el presidente de dicha comisión, Miguel Bonasso. La propuesta apoyada es idéntica al proyecto original elaborado por la entonces diputada nacional Marta Maffei.
El proyecto, que ahora deberá pasar por la comisión de Minería, replica el veto. “Es muy preocupante que un Poder del Gobierno de la República pretenda sustituir a otro, nada menos que al Congreso, para entronizar en su lugar a un foro de representantes y ejecutivos provinciales y empresas privadas interesadas en la explotación minera” expresa y agrega que “esto es un giro corporativo y particularista que flaco favor hace a la calidad institucional y a la salud de la república democrática”. “Preservemos el agua antes que sea demasiado tarde” culmina.
En diálogo con diariojudicial.com cuando presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, Bonasso expresó que el veto tendría que ver con el proyecto binacional minero Pascua Lama. “Tras una concesión de 25 años, arrojará una ganancia aproximada de 163 mil millones de dólares, una cifra similar a la deuda externa argentina aunque nos quedaremos sin agua ni andes”, dijo el diputado.
Por otro lado, comenzó nuevamente a circular un e-mail que propone la junta de firmas para re-aprobar la Ley de Protección de Glaciares Nº 26.418 de la República Argentina registrada bajo el número 162359.