Los fantasmas de la contaminación en esta parte alejada del mundo no quieren dejar en paz a la empresa Shell.
Cuando todo parecía evaporado a causa de un cuestionado plebiscito por el cual la empresa, causante del peor derrame de petróleo que se recuerde en el país, debía pagar una insignificante suma de dinero al municipio de Magdalena, la justicia de un lugar lejano, la de la ciudad de Buenos Aires, decidió habilitar el reclamo de 526 vecinos de ese distrito bonaerense, por la suma de mil millones de pesos.
Bajo la figura de acción de clase que permite este tipo de presentaciones colectivas cuando se trata de daños al medio ambiente, la Asociación de Abogados Ambientalistas pidió la nulidad de esa Acta Acuerdo –que tenía cierto tufillo a fraude- amparada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley” (en este caso la Ley 25.675).
La homologación de ese acuerdo –por el cual la empresa se avino a pagar la ridícula cifra de 9,5 millones de dólares- también está trabada por un informe que presentó la ONG, elaborado con investigadores de la Universidad de Montevideo y la Universidad de La Plata que demuestra que “el daño persiste” hasta hoy.
La petrolera Shell derramó en 1999 más de 5 millones de litros de hidrocarburos en las costas de Magdalena provocando un daño ambiental de grandes características. El intendente del lugar, Fernando Carballo, firmó un acta acuerdo con la empresa, después del curioso plebiscito, por el cual la empresa invertiría ese dinero para promover el turismo en la ciudad. ¿Será justicia?.