Después de 26 años, el gobierno de Corrientes fijó los límites de la Reserva Natural del Iberá, que incluye el Parque Provincial Iberá: son aproximadamente 1,2 millón de hectáreas, lo que la convierte en el área protegida más extensa del norte argentino. Según las zonas, el decreto prohíbe las actividades productivas, o las restringe únicamente a aquéllas que aseguran un desarrollo sustentable, como la ganadería y el ecoturismo.
La Reserva Natural del Iberá fue creada en 1983 por la ley provincial 3.771, para proteger un ecosistema único en el país. Se trata de un humedal, es decir, donde hay zonas que se inundan de manera temporal, y otras, en forma permanente. En el Iberá, el humedal está conformado por esteros, con presencia estable de aguas poco profundas cubiertas de vegetación, a lo largo de una gran extensión de tierras.
Esa inmensa masa de agua constituye la alta cuenca del río Corriente, en el que desemboca tras fluir muy lentamente, al sudoeste de los esteros. Cualquier intervención humana -endicamientos, desvíos o tomas de agua- provoca desequilibrios en ese delicado sistema.
Hay más motivos por los cuales es necesario proteger el Iberá. Presenta paisajes magníficos y muy diversos, como lagunas, pastizales y bosque en galería. Alberga una biodiversidad extraordinaria: 125 especies de peces, 40 especies de anfibios, 60 reptiles, 344 aves y 57 mamíferos. Como la creación de la reserva ha reducido mucho la caza furtiva, el visitante puede apreciarlo por sí mismo.
Varios de estos animales están en peligro de extinción, como el aguará guazú, el venado de las pampas, el ciervo de los pantanos, el tordo amarillo y el yetapá de collar, entre otros. Algunos ya han desaparecido de la zona, como el yaguareté y el tapir. Y el oso hormiguero gigante está siendo reintroducido, en un esfuerzo conjunto de la Fundación CLT, y direcciones provinciales y Nacional de Fauna Silvestre.
En la ley de 1983, la reserva comprendía cerca de 1,3 millón de hectáreas. En 1996 se sancionó la ley 4.736, que pauta el régimen de las áreas protegidas de Corrientes. En esa norma quedó creado el Parque Provincial Iberá, dentro de la reserva; pero al no fijarse sus límites, se convirtió en un parque virtual.
Ahora, el decreto 1.440 estableció los límites de ambos. Unas 481.000 hectáreas -en su mayoría, tierras fiscales- quedaron categorizadas como parque provincial o núcleo de la reserva. Allí sólo podrá practicarse ecoturismo, pesca deportiva con devolución de pieza e investigaciones científicas.
Otras 800.000 hectáreas -que pertenecen sobre todo al dominio privado- constituyen la reserva, o área de amortiguación del parque. En ellas se podrá realizar actividades productivas, aunque con pautas estrictas para no perturbar el medio ambiente ni a la fauna. El decreto tutela de modo especial la cultura del habitante de los esteros.
Unas 35.000 personas viven en las zonas rurales y pueblos del Iberá. Muchas se dedican a la ganadería, haciendo desde siempre un manejo sustentable. "Es la principal actividad a la que apostamos, junto con el ecoturismo", señala Emilio Spataro, coordinador de la campaña "Salvemos al Iberá". Colonia Pellegrini ha llevado una política municipal pensando en los visitantes: en 2004 fueron al Iberá 2.000 turistas, y ahora se acercan 25.000 por año.
Si bien considera que esta reglamentación es "un paso positivo en primera instancia", Spataro recuerda que "antes de este decreto, la legislación vigente respecto del uso del agua y la construcción de obras de infraestructura tampoco se respetaba". Alude al terraplén de 27 kilómetros construido por una empresa privada y a las diez arroceras que toman agua en forma ilegal. "En paralelo debería haber varias medidas políticas para darle cuerpo a este decreto -reclama-: demoler el terraplén, y clausurar todos los establecimientos que están incumpliendo la ley".

Un terraplén conflictivo
En 2005, la empresa Forestal Andina comenzó a construir un terraplén de 1,5 metro de alto en el paraje Yahaveré. Un poblador recurrió a la justicia, ya que los pequeños productores veían ahogarse sus vacas por ese dique artificial. Tras varias instancias, en diciembre de 2007 la Corte Suprema provincial ordenó demoler el terraplén al Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, pero este organismo aún no cumplió con la sentencia.