El veto parcial del Poder Ejecutivo Nacional a siete leyes aprobadas por el Congreso Nacional en torno a la Emergencia Agropecuaria impacta de lleno en la problemática que acarrea la producción local por diferentes inclemencias climáticas desde hace tres años a esta parte.
De hecho, la única ley de Emergencia Agropecuaria específica para Catamarca, la 26.515, no escapó de la pronunciada poda de artículos. Tan es así que, de los seis artículos que contemplaba originalmente sólo quedó uno: el primero, donde declara zona de Emergencia Agropecuaria por un plazo de 180 días en los departamentos Tinogasta, Santa María, Valle Viejo, Paclín, La Paz, Belén, Pomán y Andalgalá.
Es decir, ahora no se especifica nada respecto de la asignación de partidas especiales -el financiamiento- para atender los beneficios explicitados en el resto del articulado vetado. (Ver recuadro).
A su vez, Catamarca junto a las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Mendoza, también fue afectada por el veto parcial a la ley 26.509 que prevé un Sistema Nacional para la Prevención de Emergencias y Desastres Agropecuarios a partir de la conformación de un fondo anual por $500 millones. En general, las mencionadas provincias no serán favorecidas con las exenciones impositivas que figuraban en la ley.
Además, se eliminaron iniciativas que beneficiaban a las siete provincias a través de la 26.509 con la condonación de deudas, aportes especiales del Tesoro Nacional y créditos a una tasa baja, entre otros.

Sorprendido
El ministro de Producción y Desarrollo, Juan José Bellón, dijo estar "sorprendido" por el veto parcial a la Emergencia Agropecuaria y aseguró que realizará gestiones ante la Nación para diligenciar beneficios preacordados.
"Vamos a ver cómo continúa esto, si realmente el alcance del veto y si Catamarca queda fuera de todos los beneficios. También queremos saber cómo quedaría lo especificado por el Plan Ganadero y la aprobación dada por parte de la Secretaría de Ganadería hace un mes", manifestó Bellón en declaraciones a Radio Ancasti.
El funcionario recordó que el Plan Ganadero Nacional cuenta con un fondo de $220 millones para distribuir entre las provincias.

LOS BENEFICIOS QUE PERDIÓ LA PROVINCIA
?La ley 26.515 facultaba al Poder Ejecutivo Nacional a asignar las partidas presupuestarias especiales para afrontar la emergencia con el propósito de lograr el financiamiento para la asistencia de los productores agropecuarios de Tinogasta, Santa María, Valle Viejo, Paclín, La Paz, Belén, Pomán y Andalgalá afectados por los fenómenos climáticos.
?Incluía la cesión de subsidios directos y específicos, y el financiamiento para la recuperación de la capacidad de producción de la superficie afectada por las intensas lluvias que afectaron distintos cultivos, e inclusive, los daños que se produjeron a nivel habitacional.
?La suspensión por 90 días, posteriores a la finalización de la Emergencia Agropecuaria fijada por la ley, de la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas.