La Senadora por la provincia de Misiones, propone con esta iniciativa reglamentar y modificar la ley de gestión ambiental de aguas reconociéndola como un recurso natural estratégico y esencial para la vida, y garantizar su acceso y saneamiento, que constituyen derechos humanos fundamentales de todos los habitantes de la Nación.
Asimismo esta ley, prohíbe la exportación de agua dulce, en cualquiera de sus estados físicos, obtenida de fuentes superficiales o subterráneas, con excepción de: cuando la exportación correspondiere a la ejecución de tratados internacionales suscriptos por la Nación Argentina con otros Estados u organismos internacionales por razones humanitarias o de emergencia, previa evaluación de impacto ambiental; o cuando se tratare de agua envasada en origen, bebidas hídricas o agua gasificada, de conformidad con las previsiones del Código Alimentario Argentino y con las prescripciones establecidas por la reglamentación, la que deberá prever en todos los casos una evaluación de impacto ambiental.
La representante de Misiones expresó que “la problemática de la escasez de agua en nuestro planeta causa alarma, no sólo a científicos, políticos y organizaciones ecologistas, sino también a un número creciente de ciudadanos”.
En este sentido “resulta necesario que prevalezca una concepción acerca del agua y el saneamiento ambiental como bienes comunes sociales esencialmente ligados al derecho a la vida” sostuvo la Senadora Vigo.
En su fundamentación, Elida Vigo, resalta que estudios hidrológicos sostienen que sólo el 3% del agua que existe sobre la Tierra es dulce y puede usarse para consumo humano. Más de la tercera parte está en Argentina y Paraguay. Ello implica considerarla como un bien escaso, y como consecuencia, extremar las medidas para su cuidado y utilización racional.
Cabe destacar que la declaración emitida en la primera gran conferencia mundial del agua que se realizó en Mar del Plata en el año 1977, manifestaba que “El agua es un Derecho Humano Fundamental, inalienable y soberano del pueblo de cada Nación. Y que toda persona tiene igual derecho al acceso al agua potable, en cantidad y calidad suficiente como para cubrir sus necesidades. Pero el Estado debe garantizar el acceso digno a los sectores sociales más vulnerables”.
Para finalizar la senadora misionera opinó que “esta afirmación del agua como patrimonio del pueblo argentino requiere como consecuencia necesaria impedir que dicho recurso pueda ser llevado al extranjero en desmedro de los intereses nacionales presentes y de las generaciones futuras. Por tal motivo, resulta necesario regular la prohibición de la exportación de agua dulce que ha sido motivo de regulación en países como Uruguay, Bolivia, Canadá y Puerto Rico, entre otros. En la actualidad, numerosas poblaciones de la Argentina, urbanas, suburbanas y rurales deben realizar importantes esfuerzos para acceder a su uso. Un gobierno que prioriza la justicia social debe garantizar el libre acceso a este recurso vital”.