El veto presidencial a algunos alcances de la Ley Nacional 26502, que declara zona de desastre a distintos departamentos de la provincia de Río Negro, motivó que el Legislador Fabián Gatti (REDES) emitiera una comunicación al ejecutivo nacional, “en virtud de que aún no han sido implementados los beneficios económicos e impositivos” que fija la ley 26509 que crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
Así, ante una ley que está vetada y otra que para su implementación exige pasos que no son de rápido cumplimiento, se genera un vacío de decisiones que atenta contra los tiempos de la producción y agrava la crisis.
El legislador opinó que “la situación de sequía que afecta a nuestro territorio, con las consecuentes pérdidas materiales y la asfixia del sector” obliga al gobierno nacional a tomar urgentes decisiones. Además expresó su inquietud por el gesto presidencial ya que “si bien el veto fue parcial, fundado en que muchas de sus atribuciones estaban contempladas ya en la ley 26.509 nuestra preocupación se basa en la realidad de verdadero desastre agropecuario” que viven algunas zonas productivas.
La ley 26502, promulgada este año, declara “zona de desastre por sequía” a los departamentos de Adolfo Alsina, Conesa, Pichi Mahuida, Avellaneda, General Roca, El Cuy, Valcheta, San Antonio, 9 de Julio, 25 de Mayo, Ñorquinco y Pilcaniyeu. La normativa estipula un año de vigencia, prorrogable por tres por el ejecutivo nacional.
Por otra parte cabe señalar que los beneficios que fija la Ley 26.509 aún no están implementados y no hay definiciones al respecto.
Gatti agregó que la “preocupación está alentada por una situación de asfixia económica que vive el sector agropecuario” rionegrino “que afecta a todas las actividades económicas que dependen directa o indirectamente del mismo”.
Y remarcó que está de acuerdo con la creación de la ley 26509 “sobre la cual, además, se plantean los fundamentos a las observaciones a la ley 26.502 (…) Sin embargo hay que remarcar que su implementación puede significar un tiempo de espera que nuestros productores no puedan afrontar”.
“En vísperas de la época del año en que menos lluvias se registran, es un imperativo actuar con celeridad y diligencia, dando respuestas a las emergencias suscitadas. Ese es el espíritu de la ley vetada -26.502- y solicitamos que al menos se respete desde la gestión de soluciones”, concluyó Gatti.