Vecinos de ciudades del sur de la provincia aportaron el viernes pasado pruebas contra los ingenios La Trinidad, La Corona y Marapa en el marco de las causas por contaminación ambiental que caen sobre ellos. Sobre este último se sospecha que continuaría arrojando vinaza al arroyo Matazambi, afluente de la cuenca Salí-Dulce. En tanto, además de las diferentes acusaciones por contaminación, se presume que La Corona y La Trinidad estarían recibiendo caña quema y arrojando al río Gastona un alto volumen de ceniza al momento del lavado de la materia prima. También hubo quejas contra el ingenio Aguilares en la Secretaría de Medio Ambiente.
La expectativa (y la impaciencia) ante el llamado a declaración indagatoria a los responsables de los ingenios de la provincia caracterizó el ánimo de un grupo de vecinos que el viernes pasado se acercó a los Tribunales Federales para aportar nuevas pruebas en las causas contra las fábricas azucareras.
Los pobladores de diferentes ciudades del sur de la provincia –en su mayoría integrantes de la ONG Univec- entregaron al fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, documentación y fotos que esperan, se incorporen a las causas contra los ingenios Marapa (Alberdi), La Corona (Concepción) y La Trinidad de la localidad homónima.
Los denunciantes pidieron que se investigue si La Corona y La Trinidad están recibiendo en forma ilegal caña quemada para su producción. El principal problema de esto, radicaría en la enorme cantidad de cenizas que se arrojarían al río Gastona (afluente del Salí) provenientes del lavado de la caña.
“El agua con la que se lava la caña es arrojada directamente con tantas cenizas que termina contaminando y colmatando el río”, explicaron a primerafuente los militantes de Univec.
Además, se aportaron nuevas pruebas que ratificarían que la contaminación del arroyo Matazambi sigue sin alteración alguna por aparente consecuencia de los desechos cloacales de Juan Bautista Alberdi y efluentes industriales (sería vinaza) del ingenio Marapa.
Por esta denuncia, presentada en octubre del año pasado, el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, deberá investigar el daño ambiental que causarían los líquidos provenientes de diez piletones destinados al tratamiento de efluentes, en la localidad de Los Guayacanes (a seis kilómetros al este de la ciudad de Alberdi).
La causa, además, también describe el posible daño humanitario que sufriría una comunidad de alrededor 30 personas de la localidad de Las Lomitas, en la rivera del Matazambi (sobre el kilómetro 1.168 de la ruta 157, en la comuna de Lamadrid, departamento de Graneros).
Los 15 ingenios de la provincia fueron denunciados a mediados de 2007 por el gobierno de Santiago del Estero por el daño ambiental que generan en la cuenca Salí-Dulce.
Vale recordar que el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo Racedo, tiene en sus manos la situación de 11 ingenios y se inhibió de actuar en el resto debido a actuaciones que tuvo durante el ejercicio de su profesión en el ámbito privado.
Por lo tanto, investiga los casos de los ingenios Aguilares, Bella Vista, Cruz Alta, La Florida, La Fronterita, La Providencia, La Trinidad, Ñuñorco, San Juan, Santa Bárbara y Santa Rosa. De esta forma, los casos de los ingenios Concepción, Marapa, Leales y La Corona, fueron remitidos al juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien también investiga las causas en el marco de la Ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
Hasta ahora, en el marco de los 15 ingenios investigados, sólo los directivos de uno de ellos están procesados. Fue el juez Bejas quien dictó el procesamiento sin prisión preventiva contra los directivos del ingenio La Corona, de la firma Azucarera Argentina S.A, Enrique Fausto González, Silvio José Peluffo y Héctor Gregorio Mateos, como presuntos autores responsables de contaminar el agua desde el período de zafra de 2006, delito penado y previsto en los artículos 55 y 57 de la ley de Residuos Peligrosos 24.051 y en el artículo 200 del Código Penal.
En el escrito firmado el 10 de julio de 2008, Bejas concluyó que son presuntos responsables de haber utilizado residuos peligrosos y, de esa manera, de haber “envenenado, adulterado y contaminado de un modo peligroso el agua, sometiendo a la población a padecimientos físicos por las diversas enfermedades que produciría dicha contaminación”. Por este hecho, el magistrado les trabó embargos a los tres empresarios por un monto de un millón de pesos.
En tanto, se estima que en los próximos días Racedo haría lo propio llamando a indagatorias a directivos de los ingenios que él investiga.

También en la Secretaría de Medio Ambiente
Los ambientalistas del sur también presentaron el viernes en la Secretaría de Medio Ambiente varios pedidos de informes y denuncias. Entre ellos se quejaron por enésima vez de los ruidos insoportables que causan los escapes de gas de las calderas de los ingenios Aguilares y La Trinidad. También pidieron que se aclare si la ampliación de las destilerías de La Trinidad y La Corona cuenta con estudios de impacto ambiental. Además, sobre el primer ingenio, quieren saber cómo será el proceso de tratamiento de efluentes a través de un sistema de biodigestores.