Fuentes que manejan buena información dejaron trascender que habría cierto desagrado, por decirlo de alguna manera, en las principales oficinas del Palacio por la demora en la implementación del Instituto Provincial del Agua, un organismo que impulsó casi personalmente el gobernador Mario Das Neves y que extrañamente quedó anclado en algún meandro burocrático de la superestructura estatal.
El Instituto Provincial del Agua es, sin dudas, una de las herramientas institucionales más eficaces para operar sobre los planos social y productivo. Más aún, hay quienes consideran el armado y la gestión de ese organismo como una suerte de “militancia institucional”, toda vez que será necesario reordenar todos los consorcios de riego y para ello habrá que tomar contacto con cada uno de los productores. Además ensanchará la relación técnica y política con el estratégico universo de las cooperativas y fijará las prioridades en materia de infraestructura hídrica. El organismo será autárquico y en su conducción habrá representantes de las ocho cuencas hídricas que hay en el territorio provincial, lo cual le adjudica un sesgo federal.
Lo cierto es que hace cuatro meses venció el plazo establecido para poner en marcha el Instituto luego de haberse sancionado la Ley de creación. La demora fue atribuida hace tiempo por el ministro Korn a cuestiones operativas, pero no suministró ninguna precisión en torno a esas dificultades. En el Parlamento, algunos legisladores que trabajaron en el proyecto sospechan que el Instituto Provincial del Agua se habría empantanado en el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería que conduce Aquilante.

Garitano tiene definiciones
La instalación del debate minero colocó al ministro de Ambiente, Juan Garitano, en el centro de la escena, toda vez que uno de los ejes de la discusión es el conflicto ambiental que provoca esa actividad económica.
En ese marco, Garitano le dio a la prensa cordillerana que “no hay ninguna empresa que esté haciendo extracción de minerales en ningún lugar del territorio provincial”. Señaló, además, que la relación del Gobierno con las empresas mineras es “la que corresponde a un organismo del Estado Provincial y el sector privado. A veces la relación es buena, otras veces no tanto; nosotros aplicamos la legislación vigente y las empresas cumplen y cuando no se dan, suceden los conflictos”, precisó, despejando versiones originadas en la oposición legislativa sobre los vínculos del Gobierno con las mineras.

Los petroleros, De Vido y la paz social
El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados Chubut, Mario Mansilla, aseguró que “la paz social en Chubut vence alrededor del 24 de septiembre”. En diálogo con la emisora Radio "Del Mar", el dirigente aseguró que “desde el sindicato agotamos todas las instancias y se está terminando el plazo”. |
Mansilla sostuvo que “un aumento en el precio interno del barril de crudo Escalante y una baja en las retenciones podría generar una reactivación en la industria”. En ese marco reconoció que “la actividad así es muy difícil porque no hay margen de rentabilidad”.
Especificó que “el estado se lleva el 72% de lo que produce el yacimiento entre retenciones y regalías, el otro 28 % es para pagar los sueldos de los empleados y esto no les deja margen a las operadoras para invertir, que es lo que va permitir reactivar un poco el sector”.
“El ministro Julio De Vido dijo que está dispuesto a modificar la 394 , que marca el valor actual del crudo. Creo que el 17 de este mes, está el segundo encuentro de gobernadores en Bariloche y ahí se definirá”, indicó Mansilla en radio “Del Mar”.
Manifestó que “la responsabilidad ahora está en ellos y en los legisladores. También en el sector empresario para buscar un margen equitativo. Nosotros ya hemos agotado todas las instancias. Nuestro trabajo ha terminado”.