El secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Guillermo Carmona, sostuvo que se deben elevar a la Justicia penal las irregularidades encontradas por la intervención en Obras Sanitarias Mendoza SA (OMS).
Por su parte, el asesor de Gobierno, César Mosso Giannini, informó que la Provincia pedirá la actuación de la Procuraduría del Tesoro de la Nación en relación con la demanda que la sanitaria francesa Saur –accionista de OSM– tiene presentada ante el CIADI, organismo internacional que actúa en diferendos de empresas extranjeras contra los estados.
Los dirigentes de la oposición Juan Carlos Jaliff (CONFE), Carlos Le Donne (UCR) y Aldo Calise (PD) apoyaron la posibilidad de acciones legales, si bien Le Donne advirtió que se debe actuar inteligentemente y evitar que las denuncias se vuelvan hacia el propio Estado. Los planteos surgieron tras el informe que el interventor en OSM, Gonzalo Dávila, efectuó en la primera reunión del Consejo Asesor de los Servicios Públicos y Agua Potable y Saneamiento, que sesionó ayer en la sala Patricias de la Casa de Gobierno. Dávila, que lleva un mes al frente de la intervención –decidida a mediados de julio por el Gobierno de Celso Jaque–, denunció que la situación de OSM en algunos aspectos es de “colapso” y en otros, “crítica”. Dijo que los accionistas de OSM pusieron el acento en “facturar y recaudar” en desmedro de “la parte operativa”, que existió “falta de gerenciamiento” ante una “empresa a la deriva” y que “no había una visión de conjunto” de la compañía.
Los ministros Mario Adaro y Francisco Pérez, el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán; el secretario de Ambiente, funcionarios del EPAS y representantes de distintas entidades participaron en el encuentro, que evaluó a su vez la metodología a seguir en las reuniones. Los representantes del sindicato del personal de la empresa entregaron una nota tras la presentación del consejo e indicaron que no participarán en las reuniones.
En el informe de OSM, Dávila reveló que en diez años, desde que la institución fue privatizada, las cuentas dieron resultados positivos en sólo tres. Informó que, según el “flujo de fondos”, el balance este año iba a terminar con un déficit de $4.000.000. Pero, debido a la gestión de la intervención, la proyección bajó a “600.000 pesos negativos”.
Dávila se valió de imágenes para demostrar, entre otras anomalías, que “se encuentra colapsada la estructura de filtros”, que es grave la situación en Potrerillos por las denominadas “aguas negras”, que están totalmente deterioradas las colectoras de Las Heras y que los establecimientos depuradores en varios departamentos de afuera del Gran Mendoza se encuentran convertidos en lagunas contaminadas.
En la parte legal, la intervención se encontró –de acuerdo con lo informado por Dávila– con que a la cadena de supermercados Carrefour “hay que devolverle un millón de pesos, aproximadamente”, por una demanda que la empresa francesa ganó. Y al Departamento General de Irrigación se le deben pagar deudas importantes por el canon correspondiente.
“No hay que temerle al CIADI”
“No hay que tenerle tanto miedo al CIADI”, expresó Aldo Rodríguez Salas –quien colabora con el tema OSM en la Asesoría de Gobierno de la Provincia, a cargo de César Mosso Giannini– al aludir a las presentaciones efectuadas por la sanitaria Saur y Azurix ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. “Se trata de un tribunal arbitral, pero sus laudos tienen que llegar a la Justicia argentina, primero, en este caso”, añadió.
La francesa Saur inició demandas de compensación de unos U$S300 millones contra las autoridades argentinas debido a cambios en la concesión de OSM por la crisis del 2001. También Azurix efectuó presentaciones ante el CIADI.
“Hay que presentar ante el CIADI qué clase de inversores son actualmente los de OSM”, aseveró. Y sostuvo que parte de las acciones de las multinacionales estarían en manos de un fondo de inversión. Llevará el tema ante el procurador general del Tesoro de la Nación para que interceda frente a la presentación efectuada por las empresas extranjeras ante el CIADI.
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