El presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Juan Carlos Chagas, confirmó que el gobierno piensa en reflotar el proyecto de represamiento del Paraná Medio, aseguró que esa obra, en los 90 “era un tema tabú, pero hoy no lo es tanto” aunque obvió mencionar la vigencia de una Ley, que precisamente cumplirá 12 años el 25 de septiembre, que declara libre de represamiento a los ríos de la provincia.
Chagas, que busca durante su gira en China, Rusia y Ucrania, la renovación de turbinas para Salto Grande, anunció que también consultó en el país oriental la “viabilidad de una represa en el Río Paraná ya que “hace años, cuando se habló del Paraná Medio, era un tema tabú, pero hoy no lo es tanto”, aseguró.
Abundó además en ponderaciones hacia el uso que hacen chinos e israelíes de los ríos: “Hemos firmado un convenio de cooperación con el gobierno de Pekin para tratar el proyecto del río artificial en la zona del norte y noreste de la provincia de Entre Ríos” y añadió: “Nosotros vivimos rodeados de ríos, pero no los hemos utilizado debidamente”, Y en esto, los chinos y los israelíes son pioneros en el mundo. Ellos son 1300 millones de habitantes, y hay que darles de comer”.
“La energía es un tema importante, y los proyectos hidroeléctricos son proyectos que en el fondo son baratos, no son contaminantes, y pueden producir un efecto importante solo en el comienzo” ilustró el funcionario.
“Además, imagine que China tiene una topografía muy especial. Es un país montañoso que tiene represas en toda su superficie, y han explotado este recurso en extenso”, apuntó Chagas aunque obvió mencionar que los lagos y los ríos de muchos lugares de ese país siguen registrando altos niveles de contaminación a pesar de los "continuos esfuerzos", para evitarlo según reconoció el martes el viceministro de Protección Ambiental, Zhang Lijun a la agencia de noticias oficial de ese país.
"Tres de los mayores ríos de China: el Haihe, el Liaohe y el Huaihe, están extremadamente contaminados", según explica la Administración Estatal de Protección del Medio Ambiente (SEPA) que a su vez reconoce que "sobre una muestra de 345 embalses de agua y 175 ríos muestra que un 46,7% de los recursos hídricos del país presenta una contaminación con valores entre el uno y el tres, mientras que un 24,9% se encuentra en valores entre el cuatro y el cinco, siendo este último el más grave.
Así mismo, el estudio también destaca que las aguas contaminadas con valores por debajo del nivel 5 alcanza el 28,4% de los recursos analizados" concluye el estudio del Estado.

La Ley
El 25 de septiembre de 1997 se sancionó la Ley 9.092/97 que declara libres de represas a los ríos de la provincia que culminó con un largo proceso de resistencia, y marcó un punto de inflexión en las luchas ciudadanas en defensa del medioambiente.
Antes de esa sanción, Jorge Busti como gobernador había rechazado el proyecto del menemismo que prometía generar 10.000 puestos de trabajo y energía barata y que ejecutaría en la firma estadounidense Energy Developers International (EDI).
A través del decreto 833, Busti dispuso crear una Comisión Provincial de Evaluación y Propuesta para el Desarrollo Regional Integrado y Sostenible, de la que participarían representantes de entidades ambientalistas, legisladores, intendentes, concejales, organizaciones no gubernamentales y establecimientos de enseñanza de nivel terciario.
"Nosotros no vamos a participar de ninguna decisión nacional que signifique construir un represamiento en el río Paraná, que es propiedad de la provincia de Entre Ríos" había dicho en esos años el ahora diputado.
A la resistencia de Busti se sumó la intervención de la Justicia Federal, motivada por una acción de amparo promovida por la Asociación de Entidades Ambientalistas de la Cuenca del Paraná y varios legisladores de la oposición.
El 2 de mayo de ese año, el juez federal de Paraná, Aníbal Ríos, sentenció la inconstitucionalidad del decreto presidencial, por considerar que viola la Constitución Nacional, en cuanto al uso del recurso del río.
Mientras el artículo 41 establece el derecho y la obligación de los habitantes de gozar y mantener un ambiente sano y equilibrado, el 124 determina que "corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales existentes en su territorio".
El magistrado también consideró "inadecuado" que el Poder Ejecutivo Nacional adopte decisiones administrativas sin realizar antes una evaluación del impacto ambiental ni contar con la participación institucional de las provincias.
Veinte días después, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la sentencia del juez Aníbal Ríos, reseñó RecintoNet.