Sin armas, los movimientos sociales colombianos libran una batalla por el significado mismo de la vida: el control del agua. Su principal objetivo es que sea considerada un derecho fundamental. El movimiento para la Defensa del Agua constituye uno de los frentes más importantes de las luchas pacíficas en el país, y es a la vez uno de los fenómenos más interesantes de movilización social y participación ciudadana de la historia reciente. El gobierno nacional y sectores del Congreso amenazan acabar con él.
En Colombia, único país de América Latina en conflicto armado, los movimientos sociales no cuentan con garantías para desenvolverse y ejercer sus actividades. Históricamente, se han visto enfrentados a persecuciones, desapariciones forzadas y amenazas de grupos armados. Es decir, del Estado, de los paramilitares, de las guerrillas, y por supuesto del narcotráfico, vinculado a todos los anteriores.
¿Qué tan fácil es llevar adelante una lucha social en Colombia? Cifras de la Escuela Nacional Sindical revelan que, entre 1986 y 2007, se produjeron hacia 207 atentados contra líderes y activistas; 144 desapariciones forzadas, 1.399 desplazamientos, también forzados; 549 detenciones arbitrarias; 2.570 homicidios; 163 secuestros y 43 casos de tortura.
Más de 400 organizaciones sociales de todo el país impulsaron la campaña El Agua: un bien público. Ese programa cambiaría el modelo de gestión de aguas en un país considerado potencia hídrica.
La campaña consistió en navegar los ríos más importantes del país. Después de una fase de investigación y de debate, hicieron foros y escribieron documentos, estableciendo un diagnóstico de la situación actual del agua en cada región.
Con herramientas educativas y culturales, impulsaron la propuesta central: el proyecto de Referendo por el Agua. Un proceso en el que 2.060.922 colombianos, hecho sin antecedentes, dieron su firma para que el resto de la sociedad se pronunciara en las urnas y decida si el agua es o no un derecho fundamental.
En diálogo con APM, Wilson Durán, funcionario de la empresa de aguas de EPM, reconoció que hay más 220 conexiones ilegales y artesanales, de las que se abastecen barrios enteros de la ciudad. Muchos de ellos son asentamientos de familias desplazadas del campo por el conflicto armado, y están ubicados sobre las laderas de las montañas.
El barrio Bello Oriente, con una vista privilegiada sobre el valle, desde donde se ve el Metro, el río y las industrias, no cuenta con agua potable para el consumo de sus habitantes. En Moravia, en Belén, en Altos de la Torre, mujeres y niños cargan diariamente el agua en baldes para abastecer sus casas.
Contradictorio para la ciudad dueña del gigante de la prestación de servicios públicos en América Latina, EPM (Empresas Públicas de Medellín). Paradójico, para la capital de un departamento con numerosas presas y embalses, cuya región produce 6.592,62 Megavatios, siendo el área hidroeléctrica más importante de Colombia.
La campaña estuvo liderada a nivel nacional por la organización ambiental Ecofondo, que coordinó a movimientos sociales, campesinos y comunitarios de todo el país.
Colombia se caracteriza por ser abundante en aguas. Las tres cordilleras que la atraviesan forman hoyas hidrográficas que se derraman en cuatro vertientes principales. Tiene costas en dos mares y orillas en el Amazonas y en el Orinoco; ríos, ciénagas y lagunas. El Chocó es uno de los lugares más lluviosos de la tierra. En las alturas, los páramos y nevados forman los Centros Hídricos, como el Macizo colombiano, el Páramo de Sumapáz o la Sierra Nevada de Santa Marta.
En este escenario se presentan fenómenos como la contaminación de ríos y riachuelos. Los ecosistemas naturales y sus ciclos de agua están alterados. Se produce la desecación de lagunas y ciénagas en todo el país. Según la Defensoría del Pueblo, el 53 por ciento de habitantes de las áreas rurales no tienen acueducto, y el 82,2 por ciento no cuenta con alcantarillado.
En la periferia de las ciudades, barrios enteros carecen de acceso al agua potable. Hay municipios que simplemente no cuentan con el servicio, y cada vez más se registran nuevos aumentos en las tarifas y en el número de personas desconectadas por falta de pago.
Las empresas prestadoras del servicio fueron privatizadas: Acuacar en Cartagena, Triple A en Barranquilla, Metroagua en Santa Marta y Proactiva en Montería (sólo por mencionar la costa atlántica). También se privatizan proyectos hídricos (presas) y e implantan proyectos de desarrollo agrointensivos.
En cada región, en cada río, la situación es la misma aunque los protagonistas sean diferentes. En general, son dos modelos de Estado enfrentados con dos miradas sobre el agua, ¿bien común o mercancía?
Ya son pocos los bocachicos que se pescan en el río Sinú. Son peces de color vistoso, que se comen con yuca o con plátano, famosos en Colombia por su buen sabor. Su carne suave era la principal fuente proteica de los indígenas Embera-Katio. Aguas arriba, la controvertida represa Urra I.
La comunidad argumenta que la desaparición del pez se debe a los taponamientos en los cauces naturales de los ríos. En declaraciones públicas afirmaron: “Se ha agravado considerablemente los niveles de desnutrición y malnutrición de nuestros niños”.
Los Embera han vivido durante generaciones en las orillas del río Sinú. “Nuestros referentes simbólicos, sitios sagrados, lugares rituales, espacios de encuentro espiritual de Jaibanás, y reservas de plantas tradicionales, fueron inundados, trastocando la relación espiritual que ancestralmente manteníamos con nuestros dioses y espíritus”, dicen.
Urra I es un megaproyecto hidroeléctrico que se inició con la construcción de la presa en 1994. Produjo la sedimentación de varios ríos y la formación de taludes, haciéndolos no navegables. Como consecuencia de esto aumentó la presencia de mosquitos, que generan enfermedades tropicales.
En la actualidad, se proyecta la construcción del megaproyecto Urra II. En este caso, las empresas Isagen, gigante de la energía en Colombia, y Geselca, se enfrentan a varias organizaciones ambientales, que invocan la protección del ecosistema del Parque Nacional Nudo de Paramillo. Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo.
El Alto Sinú es sólo una parte del panorama del agua en Colombia. La iniciativa de Referendo por el Agua propone que el pueblo decida en las urnas por el siguiente modelo:
Declaración del agua como derecho humano fundamental, lo cual implicaría que el Estado está en la obligación de suministrar agua potable a todas las personas y de garantizar un mínimo vital gratuito.
Obligación por parte del Estado de proteger el agua en todas sus manifestaciones en calidad de bien común y público.
Consagración del agua, en todas sus formas y estados, como parte constitutiva de los territorios colectivos que pertenezcan a indígenas y comunidades negras y como elemento sagrado en la cosmovisión de los grupos étnicos.
Protección especial por parte del Estado de los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua, procurando la implantación de modelos de uso sustentable que garanticen la disponibilidad del líquido en el futuro.
Obligatoriedad de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado por medio de empresas estatales o por organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro.
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha controvertido políticamente al Movimiento por el Agua. El Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial y la Superintendencia de Servicios Públicos, ambos organismos gubernamentales, se pronunciaron en contra del referendo por considerarlo inviable.
De la calle y los medios de comunicación, el debate se trasladó al Congreso de la República. A éste le corresponde darle trámite a la iniciativa popular, tal como lo dice la Constitución, para que los colombianos puedan pronunciarse a favor o en contra, con un sí o un no.
Sin embargo el Congreso, de mayoría uribista, intentó modificar la propuesta del movimiento social, “interpretando al pueblo” a su manera.
Rafael Colmenares, vocero del Comité Promotor del referendo y presidente de Ecofondo, informó que esa organización no está de acuerdo con los cambios a la propuesta, que consistieron en: Se eliminó la consagración del derecho fundamental al agua potable. Se eliminó el reconocimiento del agua como bien común y público. Se eliminó el uso prioritario de los ecosistemas esenciales al ciclo del agua para este fin. Esto es, se dejó abierta la posibilidad de que se entregue el agua de los ecosistemas esenciales a agentes privados para que la usen con fines distintos al de cubrir necesidades humanas básicas. Se eliminó la prohibición de privatizar la gestión del agua y del servicio de acueducto y alcantarillado y, en concomitancia con esto, la obligación de ejercer una administración que no tenga como finalidad el lucro. Se agregó que “las aguas que nacen y mueren en la misma heredad” son privadas, imponiendo así una excepción al principio de que todas las aguas son bienes de uso público. Se estableció que las aguas que discurren por los territorios étnicos no son parte integrante de los mismos. Se acomodó el mínimo vital gratuito a los esquemas de programas focalizados hacia los pobres, única política de “bienestar” que cabe dentro del proyecto político neoliberal.
Para Colmenares, el referendo fue cambiado por otro que dice todo lo contrario, y agrega que “es una burla descarada de quienes apoyamos con nuestra firma la propuesta del Referendo y una violación flagrante de nuestros derechos políticos”.
La tesis del presidente Uribe y sus congresistas consiste en establecer un equilibrio entre los mecanismos de democracia participativa y la democracia representativa. Según este argumento, se justifican los cambios que le haga el Congreso a la propuesta popular.
Inmediatamente el Comité apeló los cambios. Los movimientos sociales se opusieron entonces a las modificaciones, así como varios columnistas y editorialistas. Argumentan que contradice punto por punto la propuesta inicial; algunos, lo calificaron de golpe de estado a la participación ciudadana. Algo así como un atentado contra la soberanía del pueblo, que es quién escoge a sus gobernantes para que los represente.
El Quimbo es el proyecto que enfrenta a la empresa Emgesa y a las comunidades de Gigante, Agrado y Garzón, pueblos del departamento del Huila. El debate es acerca del impacto económico, social, ambiental, y de la viabilidad del megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo, que inundaría 28 kilómetros.
Emgesa es una multinacional hispano-chilena que se encargará de la construcción del proyecto en el río Magdalena. Compró el proyecto en 2008; en 1991 adquirió, en la misma región, la hidroeléctrica Betania, que generó la mengua de las aguas del río, después de un proceso acelerado de sedimentación del lecho.
El Magdalena atraviesa el centro del país de Sur a Norte. Es la columna vertebral de la región, el río más importante en las cordilleras de los Andes. Además de los anteriores, existen los proyectos de Pericongo, Guarapas, Isnos y Oporapa.
En este escenario es la comunidad campesina la que se enfrenta a la multinacional. Según cifras de Alfredo Molano, publicadas en El Espectador, de las 8.800 hectáreas a inundar, “5.300 están en producción y 2.000 de ellas son tierras de parceleros”. Los campesinos argumentan que los impactos no son mitigados por la empresa como debería serlo en temas sociales y ambientales.
La lucha social no armada por el agua busca cuidar los ríos y respetar los ecosistemas; busca que el Estado administre los recursos y las empresas; para que el campesino del Huila pueda cultivar sus parcelas, para que las comunas de Medellín tengan agua potable, y para que los Embera vuelvan al río Sinú, a encontrarse con sus espíritus, y puedan su bocachico con plátano o con yuca.

*Periodista de APM

Juan Diego restrepo-Periodista de APM