El presidente de la ANDE, Ing. Sixto Amarilla, asustaba el lunes último a la opinión pública nacional con la advertencia de que Argentina podría embargar la hidroeléctrica por la deuda de la entidad binacional.
Los registros oficiales revelan que el Gobierno argentino reclama a la EBY el pago de US$ 14.715 millones, el 93% del total, reclamo que ignora el origen de esa deuda e incluso se niega a investigarla.
A principios de marzo del año pasado, el contralor general de la República, luego de fallido intento de examinar ese pasivo, declaraba a la prensa que el origen del mismo “no está demostrado”, razón por la cual aconsejaba que no se aprobase canje alguno en el marco de ese “preacuerdo” para su reestructuración.
Recordemos, el preacuerdo logrado en las instancias técnicas de los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos y Néstor Kirchner, o Acta Entendimiento entre ambos gobiernos, proponía básicamente la aceptación del reclamo argentino, con cifras correspondientes a diciembre de 2005.
Una de las justificaciones claves, que figura en el mensaje que envió Duarte Frutos al Legislativo el 4 de junio de 2007, era que la deuda crecía a razón de US$ 900 millones por año, pero no cuestionaba sus tramos espurios, por ejemplo los acumulados bajo la vigencia ilegal de la Nota Reversal del 9 de enero de 1989 y mucho menos lo que apuntaba la Contraloría el año pasado, que parte del origen de la misma no está demostrado.
El Acta de Acuerdo, finalmente, fue retirado por el Ejecutivo ante la inminencia de su rechazo en el Senado.
La amenaza de Sixto Amarilla tiene una sorprendente coherencia con la justificación que presentó el Ejecutivo en el 2007 al Legislativo, reflejo a su vez de la defensa que hicieron en su momento del “preacuerdo técnico” sus negociadores.
Técnicos del sector adelantan que las negociaciones que arrancarán el día 22 del presente mes en Buenos Aires terminarán reflotando el texto del Acta Nicanor / Kirchner del 2007, con algunos retoques tipo maquillaje.
Añaden que la Contraloría debe retomar su frustrado examen del 2007 y demostrar el origen de la deuda reclamada por Argentina.