Hasta no hace mucho tiempo se consideraba el agua como un recurso renovable, a través del ciclo hidrológico que proporciona su recuperación y redistribución sobre el planeta, con las características propias de cada región.
Con el crecimiento geométrico de la población y sus necesidades, los consumos urbanos de agua han crecido en la misma proporción, mientras que los de origen industrial y agrícola han aumentado en proporciones mucho mayores.
Por otra parte, los desechos urbanos, industriales y agrícolas han aumentado a un ritmo proporcionalmente mayor que el de la población, y tienen en común que todos son incorporados directa o indirectamente a las corrientes de agua superficiales y subterráneas, contaminando las fuentes en proporciones cada vez más intensas y de manera irreversible, disminuyendo por lo tanto el potencial total de agua potable disponible.
Por estas razones apenas esbozadas, este comportamiento hace que el agua disponible se haya convertido en un recurso prácticamente no renovable, lo que lo convierte en un factor doblemente fundamental. Por razones sociales y económicas, y con ese grado de prioridad, debe ser considerado en una impostergable planificación de su uso presente y futuro, en función de las pautas de desarrollo previstas o a prever.

El caso de Córdoba. En nuestro país y en particular en la provincia de Córdoba, tenemos la visión global del supervital problema del agua a futuro para la humanidad, pero concretamente para la Provincia y la ciudad de Córdoba no se escuchan propuestas a mediano y corto plazo. No sabemos cuánta agua necesitaremos dentro de 25 años, ni tampoco cuándo puede agotarse, si fuera el caso, el lago San Roque y/o Los Molinos, o la potencia de las napas subterráneas.
Debemos tomar conciencia plena de que la provincia de Córdoba es deficitaria en materia de recursos hídricos.
La provincia dispone de 80 metros cúbicos por segundo, aproximadamente, como módulo anual superficial de corrientes provinciales permanentes, módulo exiguo para las pretensiones socio-económicas de la provincia y de sus principales centros urbanos.
El potencial hidrogeológico no ha sido evaluado en su totalidad y es explotado sin control, por lo que la explotación en su modalidad actual representa una incógnita muy peligrosa.
De las provincias argentinas, sólo unas pocas disponen de menos agua que Córdoba; sin considerar las provincias ribereñas del Paraná, Mendoza dispone de unos 140 metros cúbicos por segundo como módulo anual, Santiago del Estero de más de 120, Chubut de 102, y Santa Cruz de 702 metros cúbicos por segundo como ejemplos patagónicos.
Para dar otra idea comparativa: países como Costa Rica, en un territorio igual a un tercio del de la provincia de Córdoba, tienen un módulo anual de 2.216 metros cúbicos/segundo. Honduras, en un territorio aproximadamente la mitad del nuestro, 2.500 m3/s. El Salvador, con menos de un cuarto de nuestro territorio, un módulo anual de 850 m3/s.
En la evaluación real de los recursos hídricos superficiales, los compartidos con otras jurisdicciones –ríos interprovinciales– merecen una particular atención por la cantidad (en volumen anual o caudal promedio) que pueden aportar, la calidad del agua que ingresa, y el momento en que eso se produce.
El río Dulce (con un módulo de 120 m3/s) es compartido con la provincia de Santiago del Estero, y con San Luis el río Quinto o Popopis (con un módulo de cinco metros cúbicos por segundo) y con el río Conlara, con 2,27 m3/s.
Parte de esos módulos que le corresponden a la provincia de Córdoba, podrían usarse para el desarrollo estratégico del noroeste provincial. Es un tema urgente que las autoridades provinciales deben priorizar: el análisis técnico-legal y sobre todo político, para establecer la modalidad de entrega en calidad y oportunidad.

Planificación. Sabemos por qué falta el agua: por escasez intrínseca, por crecimiento demográfico, pero sobre todo por contaminación irresponsable y despilfarro ignorante. Esto hace necesario dictar y aplicar una política hídrica que pueda ser plasmada en una planificación moderna y racional del recurso, para asegurar el consumo humano y como apoyo a una política agro-industrial clara, moderna y autosustentable.
Para ello, la provincia debe adoptar dos ejes estratégicos básicos: gestionar nuevas fuentes del recurso por una parte, y por la otra educar, reorientar y optimizar el manejo y el consumo del recurso, en el más amplio sentido de este concepto.