El pasado 30 de julio los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro dictaron la resolución con la que se da por resuelto el recurso de amparo que presentáramos en el año 2005 con el fin de que se garantizara el libre acceso al lago Escondido, que se encuentra dentro de la propiedad de la firma Hidden Lake SA, vinculada al empresario Joe Lewis, para dar cumplimiento de este modo a artículo 73 de la Constitución provincial en el que "Se asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público?".
En esta resolución los jueces reconocen la demanda de los amparistas en tanto plantean, además de la servidumbre ofrecida por la empresa y convenida con las autoridades provinciales, el acceso al lago Escondido por el camino más corto y accesible que comienza en el paraje Tacuifí y que, como hemos expresado los amparistas en varias oportunidades y audiencias, no requiere mayores costos de habilitación, ya que fue usado en el pasado y es una vía de acceso corta y viable.
Los jueces resolvieron en el fallo "Fijar un plazo de 120 días para que se cumpla con la señalización y medidas de seguridad, conforme los considerandos, debiendo notificarse a Viarse y al Codema, bajo apercibimiento de astreintes". Lo cual significa que deberán hacerse los trabajos necesarios antes de fin de año, para que el público en general pueda acceder por los dos caminos al lago sin impedimento alguno.
Los fundamentos no dejan lugar a dudas respecto del sentido del fallo que busca garantizar el libre acceso al lago Escondido.
En los últimos días, con posterioridad al fallo del STJ, el fiscal de Estado provincial Dr. Alberto Carossio presentó una "aclaratoria" ante ese tribunal y la empresa Hidden Lake SA también hizo lo suyo, con la finalidad de cuestionar la claridad del reciente fallo.
Tal estrategia de presión, más creíble cuando proviene de intereses privados pero no del propio gobierno provincial, tuvo realmente como objetivo insistir en la legitimación de una única vía de acceso, el sendero de montaña que a todas luces resulta ser el más difícil e intransitable hacia el lago Escondido.
El lugar, intransitable para cualquier ciudadano común, como quedó demostrado en el año 2005 en el programa de televisión "La liga", se encuentra, además, dentro del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido, que forma parte de la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica declarada por la Unesco en el año 2007.
Se trata, así, de una zona protegida por leyes para la conservación de las especies de flora y fauna autóctona, en fin, el cuidado de toda la biodiversidad existente en ese ecosistema, y dispone de "zonas núcleo" con importantes restricciones para la intervención humana.
Hace escasos días el Superior Tribunal de Justicia resolvió rechazar los cuestionamientos tanto de la empresa Hidden Lake SA como del gobierno provincial, que lamentablemente han transitado de la mano en su estrategia judicial durante todos estos años, haciendo oídos sordos al reclamo de la ciudadanía.
Si las presiones hubieran dado resultado, se habría negando el dominio público y el acceso y goce del lago Escondido a todos los ciudadanos, garantizando de manera irreversible a la empresa Hidden Lake SA el privilegio obtenido durante todos estos años -privacidad, uso exclusivo-, privatizándose mediante convalidación judicial lo que es de todos.
La postura pendular que ha tenido el gobierno provincial durante todo este proceso se puso en evidencia cuando, sin respetar la supremacía de la normativa constitucional y las leyes de fondo, se inclinó vergonzosamente hacia la defensa de un interés privado en detrimento del interés público y de los derechos de todos los ciudadanos.
En síntesis: convalidar judicialmente la voluntad del gobierno provincial de dar vuelta el trascendente fallo del STJ hubiera implicado en los hechos, tal lo manifestábamos en el alegato final previo a la sentencia, privatizar uno de los lagos más bellos de la provincia, cuya importancia excede lo turístico, habida cuenta de que constituye un reservorio de agua potable de máxima pureza, dejándolo en manos de una empresa de capitales transnacionales en momentos en que tan vital elemento resulta escaso en el mundo y se pronostica que, -a más tardar- en los próximos veinte años, su valor económico y estratégico será superior al del petróleo, que tantas guerras sigue produciendo.
Realidad que los representantes del gobierno de la provincia se niegan a admitir, pese a provenir de un partido político de raigambre nacional que ha hecho de la defensa del patrimonio público una bandera que ahora, a juzgar por lo que surge de esta causa emblemática, demostraron estar dispuestos a bajar, sin advertir que el daño que causaban a la sociedad hubiera sido irreparable.

* Magdalena Odarda es legisladora rionegrina. Amparista en la causa judicial "Lago Escondido".