Una política de Estado para atender eventos climáticos es mucho más amplia y compleja que la nueva ley de emergencia agropecuaria, que sólo posterga compromisos pero no restituye al productor las pérdidas. Lo mismo ocurre con la ley de emergencia agropecuaria recientemente sancionada para algunas provincias, que en Buenos Aires proponía la eliminación o la reducción de los derechos de exportación si estaban en emergencia o en desastre, porque su aplicación hubiera determinado una injusta aplicación entre provincias y entre los mismos productores.
Lo más grave que dejó este debate es que la dirigencia agropecuaria usó como argumento para impedir el veto del Poder Ejecutivo extender esta exención a todas las otras provincias, sin percibir que estaban legalizando los derechos de exportación, que justamente es el principal instrumento distorsivo de la política económica contra el sector agropecuario y todo el interior que hay que eliminar.
Para definir una política de Estado anticíclica para los eventos climáticos, hay que ser muy claro y explícito. Todos los riesgos previsibles y asegurables deben ser cubiertos por un seguro privado. Hay que asumir que es un riesgo empresario y como tal hay que actuar. Cuando se siembra un cultivo, se toma un crédito o se dispone de un bien que es asegurable, no tienen ningún derecho los productores y sus dirigentes a reclamarle al Estado por las pérdidas que le ocasionen los riesgos climáticos, que no cubrió con un seguro. Lo que sí debería hacer la dirigencia es hacer propuestas para incentivar la toma del seguro, como ocurre en Estados Unidos, España y Brasil con incentivos para un uso mayor del seguro con un subsidio de hasta un 50% en la prima.
Si la dirigencia no asume esta premisa fundamental de política de Estado y toma la decisión de promoverla entre todos los productores, que se olvide el agro de contar con una política efectiva para atender los riesgos no previsibles. La alternativa es seguir como hasta ahora y que una gran cantidad de pequeños productores seguirán siendo expulsados del sistema de producción por falta una política de Estado.
Esta falta para cubrir los riesgos climáticos es una de las grandes deudas de la dirigencia política con el sector agropecuario. No hay explicación que justifique la ausencia de este tema en la agenda del gobierno nacional, en los gobiernos provinciales y en la misma oposición. Los eventos climáticos no sólo ponen en riesgo la existencia de muchos productores, grandes y pequeños, sino también la solidez fiscal del mismo gobierno. Parece contradictorio, por no decir suicida, que un gobierno tan preocupado por "la caja" no tome medidas que impidan que los ingresos fiscales se pongan en riesgos.
En cualquier país otro país --desarrollado o no--, la atención de estos problemas nunca está en manos de la arbitraria decisión de un funcionario. Tampoco puede resolverse con medidas parciales como las que dispone la ley de emergencia agropecuaria. En el resto de los países, cuando aparece un evento climático, los instrumentos anticíclicos gatillan automáticamente, optimizando la inversión privada y la pública.
¿Es lógico que un sector que aportó 30 mil millones de dólares por retenciones desde el 2002, hoy deba mendigar recursos para poder subsistir? El gobierno es socio en las ganancias, pero se olvida del productor cuando pierde ante los desastres climáticos. Un año de vacas gordas como el 2008 fue un gran momento para imaginar soluciones permanentes. Faltó una propuesta innovadora de la dirigencia sectorial. La respuesta debe ser luchar para conseguir una política de estado que cubra los riesgos climáticos.
Esto debe involucrar la ley de emergencia agropecuaria que incentive el uso del seguro para todo lo previsible como la mejor forma de limitar las demandas.
El segundo instrumento debe ser el seguro agrícola. Para superar la meta del uso del seguro del área sembrada en el ciclo que cerró el 30 de junio de 2008, hay que promover políticas que permitan tener primas de seguro más bajas para lograr un sistema más solidario, que es el objetivo de una política global para atender los riesgos climáticos.
El tercer instrumento es contar con un fondo anticíclico para atender los desastres y las catástrofes. Este fondo debe ser de vigencia permanente, con afectación exclusiva para este único fin y no sólo debería cubrir riesgos agrícolas, sino a todo los sectores de la sociedad. Por lo tanto, la sociedad en su conjunto debería financiarlos con un aporte permanente. Un sistema así, ideal, es lo que acordó la dirigencia política y sectorial en España en el Pacto de la Moncloa, hoy todavía vigente. El fondo anticíclico dispara beneficios a los que lo necesitan, si han asegurado todos los riesgos previsibles.
Se acaba de presentar un proyecto del bloque Santa Fe Federal, del diputado Walter Agosto, que apunta a una política muy similar a la española. Es fundamental que nuestra dirigencia tenga la capacidad de mirar cómo funciona en el mundo esta política, promueva propuestas similares e incentive su discusión en los poderes legislativos. Después de las grande pérdidas en este último ciclo agrícola 2008-2009, el gran desafío para el sector y para el país es poder contar con el respaldo de una política de Estado anticíclica para cubrir los eventos climáticos más abarcadora, que le dé previsibilidad al productor y achique los costos del Estado.

* Arturo Navarro es consultor agropecuario; ajn@arturonavarro.com.ar y www.arturonavarro.com.ar