Un año y dos meses después de que la Corte Suprema ordenara sanear el Riachuelo a los estados nacional, bonaerense y porteño, la Autoridad de Cuenca se percató de que el partido bonaerense de Merlo no estaba incluido en el plan de saneamiento presentado a la Justicia. La decisión judicial, en cambio, sí hace referencia a partidos de la cuenca media, como Esteban Echeverría y de la cuenca alta, como Cañuelas, General Las Heras y Marcos Paz.
Anteayer el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó que se presente en 10 días un plan que incluya a Merlo en el plan de saneamiento cloacal, así como que las obras se inicien en enero del año próximo.
El juez entendió que, aunque la prestación del servicio en ese partido está a cargo de Aguas Bonaerenses (ABSA), la Acumar debe coordinar las acciones necesarias para incluir esa región en el plan de saneamiento ordenado por la Corte y que ya cuenta con financiamiento del Banco Mundial.
El fallo también ordena a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) "desarrollar y presentar una política sanitaria regional integral y única para la cuenca, así como los recursos humanos y materiales necesarios para los centros hospitalarios, teniendo en cuenta las particularidades especiales que reviste en materia sanitaria el municipio de Esteban Echeverría". Respecto de los municipios de Cañuelas, General Las Heras y Marcos Paz, el juez ordenó que en un plazo de cinco días se presente el proyecto para la instalación de una planta de tratamiento regional de residuos sólidos urbanos.
A la causa por el saneamiento del Riachuelo se sumó el pedido del Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, para que el destino del predio de Santa Catalina, vendido por la Universidad de La Plata a una empresa recolectora de residuos en Lomas de Zamora, sea discutido en el seno de la Acumar.
Sella pidió que se dispongan medidas para prevenir y "evitar inmediatamente" eventuales daños ambientales en el predio.
En el escrito solicitó que se intime a la Acumar a presentar un plan de ordenamiento ambiental que preserve el lugar, que fue vendido el año pasado a la firma Covelia SA, una empresa de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios, concesionaria del servicio en el municipio de Lomas de Zamora y en otra decena de distritos.
Para el Defensor del Pueblo, la situación del predio podría traer consecuencias y afectar de manera directa al plan de saneamiento de la cuenca. Santa Catalina está zonificado como un espacio verde público por la municipalidad de Lomas de Zamora y protegido por la legislación bonaerense.
En defensa del lugar, los vecinos juntaron 45.000 firmas y se movilizan para reclamar su preservación.