La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplazó la construcción de la presa La Parota, que alojará aguas del río Papagayo, en la Costa de Guerrero. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) consideró este anuncio como un triunfo importante, pero advirtió. “Éste no es el fin de la lucha”.
Rodolfo Chávez, integrante del CECOP, dijo que se iniciará una campaña para insistir en la cancelación de la presa. “Continuaremos hasta tener en nuestras manos la cancelación definitiva, firmada por el Presidente.”
El proyecto de la hidroeléctrica inundaría 17 mil 300 hectáreas de tierras productivas y causaría el desplazamiento de 25 mil campesinos y sus familias; además afectaría a 75 mil labriegos, que dejarían de recibir líquido. “Nosotros hemos demostrado que las tierras no son improductivas”, dijo Chávez.
En entrevista luego de participar en un foro sobre el derecho a la alimentación que se llevó a cabo en el auditorio del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de la ciudad de México, Chávez asentó que los campesinos necesitan tener la certeza de que terminarán las agresiones en su contra por protestar contra la construcción de la presa.
Recordó que su lucha dejó en seis años cuatro muertos y 11 detenidos, así como diversas demandas ante organismos internacionales. “Tenemos derecho a una vida digna, a conservar la tierra productiva y a ser escuchados. El gobierno pretendió imponer la obra sin respetar la ley agraria y convocó a asambleas ilegales”, señaló.
Las autoridades pospusieron el proyecto hasta 2018. “Quizás apuestan a que el movimiento se desintegre con el tiempo, lo que no sucederá, pues estamos avanzando en un proceso de concientización entre los jóvenes y los niños para que defiendan la tierra y sus derechos”.
Entretanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el diseño y edificación de la presa El Zapotillo se adjudicó al consorcio La Peninsular Compañía Constructora, en asociación con FFC Construcción y Grupo Hermes, que presentaron la propuesta legal, técnica y financiera más solvente, según la dependencia.
El precio total del proyecto de diseño y construcción fue de 2 mil 194 millones de pesos más el impuesto al valor agregado, y la obra concluirá en 2012. El embalse, dijo la Conagua en un comunicado, aprovechará las aguas del río Verde; garantizará el suministro de agua potable durante los próximos 30 años a los Altos de Jalisc y a León, Guanajuato, y proveerá 500 millones de metros cúbicos a la zona metropolitana de Guadalajara.
El comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo señaló que esta decisión pasa por alto las medidas cautelares emitidas en enero por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que demandó frenar el hostigamiento a los pobladores y detener el proyecto hasta que se realizara una consulta entre las comunidades afectadas.
Agregó que los municipios involucrados no han autorizado la manifestación de impacto ambiental de la obra ni han autorizado el cambio de uso de suelo correspondiente.