Anoche, al cierre de esta edición, los concejales se reunían para evaluar este tema que había impactado en la localidad. La intimación plantea que esos sectores, de propiedad fiscal, deben ser desalojados en 10 días.
Se teme que se exija demoler las instalaciones bajo el argumento de que estarían dentro del perímetro trazado por la Provincia para el nivel máximo de cota de agua del lago.

El lunes habría una reunión con autoridades de la ex Dipas.
Ayer había contactos entre vecinos para movilizarse y advertir que estarían dispuestos hasta a cortar el tráfico de la transitada ruta nacional 36.
Las instalaciones cuestionadas están en predios costeros que, junto a otros, el municipio concesionó hace años a privados para su explotación. No pocos se preguntaban ayer por qué no se exige a otros municipios con instalaciones concesionadas en costas fiscales igual medida. Citaron por ejemplo el caso de la vecina Embalse.
El intendente Daniel López dijo ayer a este diario que el municipio no recibió ninguna intimación oficial de la Provincia.
Pero concejales oficialistas admitieron que habían tomado contacto con directivos del Club Náutico y del salón de fiestas para analizar los alcances de la intimación que recibieron.
Ediles de ambos bloques señalaron que solicitaron “una urgente reunión con el Ministerio de Gobierno de Córdoba” porque consideran que “esa medida atentaría contra la faz comercial y turística de Almafuerte”.
El concejal opositor Hugo Pérez (PJ) señaló: “Almafuerte quiere potenciar su perfil turístico y ¡nos quieren demoler instalaciones después que tuvimos por 20 años la tenencia ininterrumpida de la costa!”.