Pese a que las condiciones de contaminación en el Río de la Plata se mantienen, según estudios académicos, la empresa estatal AySA -responsable de proveer de agua potable y servicios de desagües cloacales a la Capital y a 17 partidos del conurbano- afirma que realiza un complejo proceso de depuración que elimina los componentes físicos, químicos y biológicos indeseables, para transformar el agua en apta para el consumo.
De hecho, LA NACION pudo verificar, por medio de análisis de agua corriente encargados a un laboratorio privado, que el grado de potabilidad del agua que se consume en la ciudad es aceptable.
Los pasos seguidos por AySA van desde la floculación y decantación, para la eliminación de partículas de turbiedad; la filtración, que concluye esa eliminación; la desinfección con cloro, para inactivar microorganismos patógenos, hasta la alcalinización, que corrige el nivel de acidez para evitar daños en cañerías.
Para abastecer su área de concesión, en la que viven 7.596.267 personas, AySA cuenta con tres plantas potabilizadoras (la General San Martín, la General Belgrano y la Dique Luján), que distribuyen un promedio de 500 litros diarios de agua potable por habitante.
Según información provista por la empresa, se realizan controles de calidad en distintas etapas del proceso: se analiza agua cruda (del río) de toma superficial, agua cruda de toma subterránea, agua a la salida de la planta potabilizadora y el agua que circula por el sistema de distribución. En AySA afirman que, por año, suman 500.000 los estudios realizados en muestras de agua.
Para verificar la calidad del agua corriente en distintos puntos de la Capital, LA NACION contrató a un laboratorio de efluentes industriales, contaminantes laborales y agua, denominado Emisión y Control, con sede en Ciudadela (N° de registro 020, habilitado por la Secretaría de Política Ambiental bonaerense).
Empleados de esa empresa tomaron muestras de agua en el acceso a tres inmuebles elegidos al azar en los barrios de Belgrano, Caballito y Villa Lugano. El proceso de recolección de las muestras, que se realizó en presencia de periodistas de LA NACION, fue sumamente meticuloso e incluyó el sopleteado de las canillas.
En los tres casos, se efectuaron análisis físico-químico y bacteriológicos, con resultados satisfactorios, ya que los parámetros considerados se hallaron siempre dentro de los valores aceptables fijados por la Organización Mundial de la Salud, por el Código Alimentario Argentino y por la resolución 523/95 de higiene y seguridad en el trabajo, dictada por el entonces Ministerio de Salud y Seguridad Social.
Entre otros ítems, se midieron turbiedad, color, olor, pH, sólidos disueltos, alcalinidad, dureza, cloruros, sulfatos, amonios, nitritos, hierro, nitratos, bacterias coliformes totales, bacterias coliformes fecales termotolerantes (dio ausencia de ellas) y Pseudomona aeuruginosa , un bacilo que produce infecciones, como otitis, respiratorias, del tracto urinario, de piel, gastrointestinales y del sistema nervioso central (también arrojó ausencia).
La calidad de las muestras fue definida, en los tres casos, como potable.

La ciudad no controla el recurso
La Comisión de Ecología de la Legislatura porteña estudia un proyecto que pretende crear un régimen ambiental para el agua, así como existe uno para el aire.
Hoy, la ciudad no administra el recurso, ya que de ello se ocupa la Nación y es regulada por AySA.
El proyecto, que podría ser debatido en las próximas semanas, pretende promover la protección ambiental, asegurar la calidad del agua, fomentar su uso racional y, por sobre todo, coordinar políticas públicas entre la Capital, la provincia de Buenos Aires y la Nación.
De este modo, y mediante la autoridad de aplicación que crearía la norma, también la ciudad podría intervenir en materia de concesiones, así como de inspecciones y controles.
"Creemos que la ciudad no debe renunciar a esa potestad. Por eso es que el proyecto establece mecanismos para las negociaciones y futuros contratos de los concesionarios", indicó a LA NACION Eduardo Epszteyn, presidente del bloque de Diálogo por Buenos Aires. En la comisión, se trabaja en conjunto con el macrismo, con la diputada Marta Varela y con la representante de la ciudad en el Ente Regulador del Agua (ERAS), Mariana García Torres.
"Una de las cuestiones que será más importante es declarar el derecho universal al acceso al agua de todos los habitantes", agregó el diputado.
La iniciativa también impulsa que se regule el nivel contaminante de los vertidos que se permitirán según la actividad y el curso de agua. Además, se establece en el proyecto que debería haber mediciones periódicas de los cursos. La autoridad de aplicación, de prosperar el proyecto, será la Agencia de Protección Ambiental porteña.