Con un fuerte reclamo de los países en desarrollo por fondos para evitar la degradación de las tierras secas, comenzó ayer en Buenos Aires la 9ª cumbre de la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación (COP9). El secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni -quien fue nombrado presidente de la Conferencia-, exhortó a los 193 países firmantes a acortar el tiempo de discursos y debates, y dedicarlo a la implementación de proyectos.
A pocas semanas de la próxima Conferencia Forestal Mundial y a dos meses de la cumbre de Copenhague sobre cambio climático, la mayoría de los representantes regionales coincidió en exigir sinergia entre las decisiones que se tomen acerca de desertificación, biodiversidad y calentamiento global, ya que sus efectos se realimentan.
No es casual que el secretario ejecutivo de la convención, Luc Gnacadja, haya destacado que los países industrializados -que no se ven mayormente afectados por la desertificación-, en general no demuestran preocupación por sus consecuencias. Sin embargo provoca migraciones -aun a países desarrollados-, y se constituye en una amenaza a la seguridad alimentaria y, por lo tanto, a la paz mundial. "Las tierras secas son las zonas más conflictivas del mundo", recordó.
"Cuando se habla del impacto del cambio climático, se pone la imagen de los osos del Ártico y no el rostro humano, que está en las tierras secas", señaló Gnacadja, quien es oriundo de Benín, en el África Occidental. Observó que Argentina y Nepal se ven "seriamente afectados por la degradación de sus tierras". Bibiloni, por su parte, hizo notar que la expresión "Argentina, granero del mundo", no refleja al sexto país en el mundo en superficie de zonas áridas, semiáridas y secas, que cubren el 75%.
El secretario de Ambiente coincidió con Gnacadja en la necesidad de dar valor a los servicios ambientales. Los rindes económicos de un monocultivo como la soja, apuntó Bibiloni, deben ser confrontados con "los resultados negativos derivados de la deforestación, la pérdida de suelo y de nutrientes, la afectación de la biodiversidad, los costos de la rehabilitación de la tierra y, sobre todo, los costos sociales: el pastor abandona sus llamas o sus cabras y se muda a la ciudad, donde tiene una peor calidad de vida". En ese sentido, anunció el próximo envío al Congreso de una ley de ordenamiento territorial.
Alejado de los eufemismos y rodeos diplomáticos que suelen tener estas cumbres, Bibiloni, en su carácter de presidente de la COP9, instó a pasar a los hechos: "Hemos pasado mucho tiempo en discutir documentos y poco en implementarlos". Exhortó a no invertir tanto en realizar talleres y revisar estrategias; a pasar "de las consultorías al trabajo territorial, de lo complejo a lo sencillo"; y "a ser capaces de responder a las preguntas simples de un pastor, un campesino: '¿Cómo hago para alimentar al ganado? ¿Mis hijos podrán ir al colegio?'"
En sintonía con este planteo, la delegada de Sudáfrica, quien habló en representación del Grupo de los 77 más China, subrayó que "ya no es discutible que la lucha contra la desertificación es una forma de luchar contra el cambio climático". La suya fue la primera voz regional que se alzó para reclamar mayor cooperación de los países desarrollados, como también más fondos. "Para combatir la desertificación apenas se dispone del 2% de los recursos para adaptación al cambio climático", señaló Gnacadja.
Hoy, por primera vez en la historia de esta convención, se reunirá un panel internacional de científicos -entre ellos, 17 argentinos-, con el fin de elaborar indicadores para medir tanto la desertificación, como la recuperación de las tierras degradadas.

El monocultivo en la mira
En una rueda de prensa previa a la inauguración de la COP9 sobre Desertificación, el secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, anunció que antes de fin de año el Ejecutivo enviará al Congreso una ley de presupuestos mínimos de ordenamiento territorial. El funcionario afirmó que el avance de la frontera agropecuaria impulsa la deforestación, la cual, ligada al monocultivo de la soja, también acarrea desertificación. La ley llegará con retraso: sólo entre 2002 y 2006 se desmontaron 1,2 millón de hectáreas, en su mayoría para siembra de soja.