Elevar a rango constitucional el concepto de agua como bien nacional de uso público, en sus estados líquido, sólido (glaciares y nieve) o gaseoso. Ese es uno de los ejes de la propuesta del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para una nueva regulación constitucional del mercado de este recurso natural, que se ha visto expuesto a los efectos de una creciente demanda producto del aumento de la población y su desarrollo económico, además de las consecuencias del cambio climático.
El titular del MOP, Sergio Bitar, explicó que de acuerdo al Código de Aguas de 1981, las aguas son bienes nacionales de uso público, lo que implica que el dominio de ellas pertenece a la Nación y a los chilenos. Sin embargo, esto no se encuentra explícito en la Constitución.
El proyecto será enviado a la Presidencia y a los demás ministros y está abierto a debate, dijo Bitar. “El futuro de Chile requiere de una nueva política de aguas. La rápida expansión de la demanda en todos sus frentes: agrícola, minería, industrial y consumo humano está generando una escasez que no habíamos visto antes, y esto va en aumento”, señaló.

Caducar derechos a privados
Otros pilares del proyecto es establecer la facultad del Estado para reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas; crear procedimientos de caducidad y pérdida de los derechos de los particulares sobre las aguas (no está en la Constitución), generar corporaciones administradoras de cuencas y establecer por Ley la exploración, explotación y constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en conformidad con la diversidad geográfica y climática del país, y a la disponibilidad de los recursos