Una reforma constitucional para garantizar el agua busca adaptar la legislación chilena a la creciente escasez del líquido y sus efectos futuros para consumo humano y actividades productivas.
La propuesta gubernamental implica declarar el agua, incluidos los glaciares y las nieves, como bien nacional de uso público, en base a su creciente demanda debido al aumento de la población y su desarrollo económico, además de los efectos del cambio climático.
El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, abogó por la necesidad de hacer una "distribución del agua más justa y también más eficaz para el desarrollo económico".
El futuro de Chile -insistió- requiere de una nueva política de aguas. La rápida expansión de la demanda en todos sus frentes: agrícola, minería, industrial y consumo humano está generando una escasez que no habíamos visto antes, y esto va en aumento.
La propuesta eleva el concepto de agua a rango constitucional como bien nacional de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentre (líquido, sólido o gaseoso), quedando expresamente incluidos los glaciares y las nieves.
Establece asimismo la facultad del Estado para reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas cuando así lo exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad pública, y la conservación del patrimonio ambiental.
Asimismo, establece por ley el procedimiento de constitución, reconocimiento, transferencia, transmisión, renuncia, extinción, caducidad y pérdida de los derechos de los particulares sobre las aguas.
La medida permite el establecimiento de corporaciones administradoras de cuencas que fortalezcan y velen por una gestión integrada de las cuencas, las que serán organismos públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Por último, establece por ley la exploración, explotación y constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en conformidad a la diversidad geográfica y climática del país, y a la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos.
Bitar estima que no habrá dificultades para aprobar el proyecto en el Congreso, puesto que numerosas iniciativas similares se vienen proponiendo desde 1992.
Según expertos en el tema, en 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet, Chile abrió las puertas para empezar a explotar su agua con criterios neoliberales, dando pie a la privatización de más del 80 por ciento del recurso (concentrada en manos de tres empresas).