El decreto de intervención, fundado en los resultados de la auditoría técnica y administrativa-financiera, establece que en ese plazo se convocará a Audiencia Pública para la revisión del contrato de concesión y para analizar la situación en general de la empresa Aguas de La Rioja SA. No es objetivo del gobierno reestatizar el servicio.
Precisamente, de los resultados de la auditoría, que fuera ordenada mediante decreto 1.011 del pasado 14 de agosto, surge que el servicio concesionado “estaría en riesgo de no ser brindado adecuadamente” en la próxima temporada estival, lo que se constituyó en el principal argumento para decidir la intervención y, de esta manera, garantizar la prestación de este servicio esencial.
El ministro de Hacienda, Ricardo Guerra afirmó que “el servicio no se negocia, hay que cumplirlo y hay que tomar decisiones rápidas”, al fundamentar la decisión adoptada.
A los efectos de dar cumplimiento a la medida, el gobierno creará una Unidad Ejecutora que cumplirá las funciones de intervención en el servicio. Los equipos técnicos diseñaron una serie de medidas con características de shock de acción a los fines de garantizar los trabajos de mantenimiento y de prestación del servicio, lo que determinará la inversión de una importante suma de dinero por parte del Estado provincial para su ejecución.
Además, con el objetivo de llevar tranquilidad a los trabajadores de Aguas de La Rioja SA, se dejó establecido que el Estado se hará cargo –mientras dure la intervención- de los salarios del personal de operarios de la empresa concesionaria.
Se tiene previsto convocar a una audiencia pública con el objetivo de tratar la situación de la empresa, revisar los términos del contrato de concesión y que los propios involucrados, en este caso la empresa, pueda exponer su realidad. También tendrán su lugar en la audiencia los usuarios del servicio, las organizaciones de consumidores y todos aquellos interesados en la cuestión.
Esta audiencia no está relacionada con el tratamiento de la cuestión tarifaria, porque si bien la empresa viene realizando un reclamo desde hace tiempo en ese sentido, se debe destacar que los resultados arrojados por la auditoría señalan que ese pedido no está relacionado con un tema de costos, sino con cuestiones de ineficiencia en la prestación del servicio.
Intervenir el servicio significa sacar el servicio de manos de la empresa y depositarlo en el sector público, para asegurar que el servicio sea adecuadamente prestado, especialmente teniendo en cuenta la cercanía del período estival y porque se observa que la empresa no está en condiciones de desarrollarlo adecuadamente.
Esto significa que la empresa queda con la concesión, pero sin la prestación del servicio efectivo, porque temporalmente el Estado se hace cargo del servicio. El mismo estará a cargo de una Unidad Ejecutora dependiente de la Función Ejecutiva, la que realizará todas las tareas necesarias para garantizar la prestación del servicio.
Los fiscalizadores designados por el Ejecutivo y con funciones en la empresa, formarán parte de esta Unidad.
De la audiencia puede surgir la renegociación del contrato de concesión o alguna otra alternativa que se evalúe en el momento, pero no es el objetivo del Gobierno reestatizar el servicio.
Se han observado manejos pocos eficientes, un alto endeudamiento, tiene valores, cheques librados en forma escalonada que alcanzan a julio del año próximo, las empresas contratistas de la propia empresa Aguas de La Rioja están prácticamente paralizadas y también a su vez están teniendo diferentes problemas.
Los equipos técnicos que conocen en la materia desarrollaron un plan de acción que busca generar un importante impacto en la prestación del servicio, para solucionar problemas de mantenimiento y de falta de inversiones, evitando de esta manera la capitalización de la empresa y que se destinen los fondos a otros fines que no son los prioritarios.