Aunque recién el lunes fue presentado el proyecto de reforma constitucional del Ministerio de Obras Públicas para regular el mercado de agua y su discusión será de largo plazo, abogados expertos en la materia prevén negativos impactos para futuros proyectos de inversión privada. Ello, debido a la posibilidad de que la iniciativa gubernamental legalice la caducidad de derechos de aguas y estos pasen a manos del Estado.
La ex senadora y abogada, Olga Feliú, señaló estar en “completo desacuerdo” con la propuesta del MOP y aseguró que el impacto “será tremendo en unos años más porque cuando los bienes no se usan de manera eficiente se produce su deterioro”.
Feliú explicó que la forma más eficaz de manejar los recursos hídricos es que estos deben estar en manos privadas “y que se transen en el mercado”. Añadió que la caducidad de un derecho de propiedad corresponde a la justicia y no a los órganos de la administración pública.
El abogado experto en recursos naturales de Vergara y Cía., Winston Alburquenque, comentó que el dinamismo económico podría verse afectado si el Estado decide, por razones de protección ambiental o de sustentabilidad, quedarse con los derechos de aguas caducados y no transferirlos a otro particular.
Alburquenque estimó que las hidroeléctricas del sur de Chile serán las más afectadas, pues “tienen proyectos a futuro y necesitan de ese activo, el agua inutilizada por algún tiempo, para construir proyectos cuando la economía lo permita”.
Los abogados de Philippi Yrarrázaval Pulido & Brunner, José Luis Lara y Ricardo Irarrázabal, advirtieron que con esta reforma se podría entender que “se le estarían atribuyendo elementos de discrecionalidad a las facultades regladas que hoy detenta la Dirección General de Aguas, lo cual generaría incertidumbre y falta de seguridad jurídica para cualquier proyecto de inversión, especialmente en aquellas zonas de escasez del recurso agua”.
Los profesionales coincidieron en que la especulación con relación a los derechos de agua está regulada a través de los pagos al Estado que realizan quienes los poseen. Martín Santa María del estudio Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, sostuvo que ese pago “desincentiva la especulación y acumulación de derechos en una mano. Eso hace innecesario que estemos discutiendo la caducidad de los derechos”.

Las interrogantes de la iniciativa
¿Qué busca el proyecto del MOP?
La propuesta tiene cinco ejes. Uno de ellos es elevar a rango constitucional el concepto agua como bien nacional de uso público, en sus estados líquido, sólido y/o gaseoso. El más polémico es el que apunta a “establecer por ley el procedimiento de constitución, reconocimiento, transferencia, transmisión, renuncia, extinción, caducidad y pérdida de los derechos de los particulares sobre las aguas”. El MOP ha argumentado que existe una fuerte especulación con los derechos de aguas por parte de privados que no los usan, esperando que suban de precio para revenderlos.

¿Cuál el trámite de la propuesta?
El proyecto fue enviado a la Presidencia y a los ministros de Estado. Se discutirá con diversos organismos. Ayer el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, se reunió con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alfredo Ovalle, para entregarle una copia de la propuesta.

¿Hoy se paga por no uso de derechos de agua?
Sí, esto se introdujo en la modificación del Código de Aguas de 2005. En el proceso 2009 de cobro por no uso de derechos de aguas no consuntivos (se usa el agua y luego se restituye a su fuente) se contempla que particulares cancelen por ese concepto al fisco patentes por unos $ 13.500 millones. Endesa, AES Gener y Colbún lideran la lista de firmas que deben pagar.