Según el subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia, la medida no significa un intento de nacionalizar el recurso, sino que establecer la caducidad de los derechos hídricos de las empresas proveedoras de servicios básicos.
"Lo que hace este proyecto de ley, que modifica la Constitución, (es que) va a permitir que las leyes posteriores establezcan los procedimientos" sobre los derechos de agua y la administración de los servicios hídricos", explicó Saldivia.
El tema de la nacionalización del agua ha sido propuesta en anteriores oportunidades por otros parlamentarios, e incluso ha sido parte de la campaña presidencial, al ser propuesto en el programa del candidato oficialista, Eduardo Frei.
A principios de septiembre, los senadores Ricardo Núñez, Guillermo Vásquez y Nelson Avila, presentaron una moción similar que busca eliminar la propiedad plena y a perpetuidad de las concesiones de agua y de otros recursos.
El senador Vásquez detalló en la oportunidad que este nuevo régimen de concesión podría extenderse al petróleo, los minerales, los caminos, y las obras públicas en general, por un plazo no mayor a los 30 años, salvo casos excepcionales.
Consultado acerca de si la iniciativa conlleva una nacionalización de los recursos, el senadores aclaró que cuando se habla de nacionalización del agua, por ejemplo, se está pensando en que dicho bien ya ha pasado a particulares, lo que no es exacto.
"La disposición constitucional dice que son derechos de agua concedidos por el Estado, por lo tanto está implícito que el agua es del Estado, y lo único que hacemos con esta reforma es que el ejercicio de ese derecho, se regule de una manera distinta", concluyó.