Los centros de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) y el Instituto Libertad conocieron ayer del propio Ministerio de Obras Públicas (MOP) la reforma constitucional que la cartera impulsa para regular el mercado del agua. La opinión de los organismos privados fue coincidente y señalaron que se trata de un cambio innecesario y que genera incertidumbre para las inversiones.
La investigadora de LyD, María de la Luz Domper, fue enfática en señalar “que el verdadero objetivo de la reforma es poder darle antiguas potestades a la administración pública, como la posibilidad de caducar derechos de aguas y establecer reservas estatales. En eso no estamos de acuerdo”.
Agregó que “no hay que darle más atribuciones a la autoridad, que generan incertidumbre y afectan las inversiones”.
Domper comentó que desde el Código Civil de 1857 se reconoce el agua como un bien nacional de uso público, por lo que indicó que elevar ese concepto a rango constitucional “es innecesario”.
La experta de LyD añadió que los inconvenientes que ha enfrentado el Estado para rematar derechos de aguas que no se usan y que presentan deudas, se deben a que “hay un problema básico de mala definición del derecho de propiedad”.
El experto del Instituto Libertad, Rodrigo Yáñez, sostuvo que “introducir materias como ésta en la Constitución parece innecesario”.
El abogado afirmó que esta propuesta del MOP generará incertidumbre por un largo periodo.