El reparto de la obra pública en Mendoza se convirtió en un fabuloso negocio para algunas empresas privadas cercanas al Gobierno provincial.
Y también para otras que integran lo que se conoce como el “Club de los 500”, esto es el selecto puñado de media docena de constructoras con muy fuerte llegada al Ministerio de Planificación de Julio De Vido que se quedó, en los últimos siete años, con casi todos los proyectos de envergadura que se licitaron aquí y en todo el país.
Esta semana, Celso Jaque le adjudicó otra obra a Construcciones Electromecánicas del Oeste (Ceosa), que más allá de haber acumulado contratos del Estado por casi $300 millones, podría ser considerada todo un ejemplo de crecimiento empresario.
Ceosa (perteneciente a la familia Porreta) pasó en pocos años de ser una empresa dedicada a las licitaciones de tendidos eléctricos de menor envergadura y a las soldaduras para YPF a quedarse con la realización de una obra vial de 30 millones de pesos y hasta animarse a competir para la construcción de un dique por 700 millones de dólares.
En el ámbito de la construcción, Fernando Porreta, titular de Ceosa, es sindicado como el empresario del rubro selecto de Celso Jaque. Aunque nadie se anime a decirlo en público, las grandes y pequeñas empresas constructoras provinciales saben que ventilar lo que ven a diario los dejará fuera de las licitaciones.
Sin embargo, los manejos para encarar procesos con nombre y apellido en algunos casos fueron tan escandalosos que alcanzaron para romper cualquier pacto de silencio.
En el caso de Porreta se mencionan al menos dos: este empresario, del que se presume que aportó fondos para la campaña de Jaque en el 2007 y es candidato puesto a quedarse con todo lo que se licite del Departamento General de Irrigación, consiguió la adquisición de la construcción del nudo de calle Paso y ruta 40 (una obra vial de envergadura) luego de que, dos días antes de la adjudicación, le bajaran los requisitos de la licitación para que pudiera presentarse en UTE (unión transitoria) con otra empresa.
En Las Heras, ganó otra licitación para hacer un tendido asfáltico por $20 millones. Una de las condiciones del pliego fue que la empresa adjudicataria debía poseer un equipo de hormigón modelo 2007 o 2008. Todos se preguntaban para qué una hormigonera en una obra de asfalto. Pero todos sabían que esa máquina descansaba en el depósito de Ceosa en Luján.

Las grandes ligas
La manera en que se están adjudicando las obras importantes sirve para entender quizás por qué el Gobierno demora la implementación del Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas (RACOP), un organismo que en el 2003 fue creado por ley para tener más control en los procesos licitatorios. Si el RACOP estuviera funcionando a pleno, empresarios como Porreta se habrían quedado con muchas menos de las obras de las que le adjudicaron.
Pero más allá de esto, Ceosa es sólo una parte del verdadero negocio que hay detrás de la obra pública en Mendoza.
Sin disimular su indignación, los empresarios locales interesados en construir caminos relatan de qué manera Vialidad Provincial manejó la licitación de la doble vía entre Anchoris y Tunuyán, que tiene un costo de $166.500.000, que aportará Vialidad Nacional.
Los únicos en carrera para hacer esa ruta estratégica son dos de los más encumbrados miembros del “Club de los 500”: Benito Roggio y José Cartellone Construcciones Civiles SA.
Ocho empresas se presentaron en la provincia para hacer la doble vía. Pero entre el momento en que compraron los pliegos y el día de la apertura de ofertas recibieron una comunicación de Vialidad Provincial. Esa notificación incluyó, entre otras disposiciones, que “el patrimonio neto del oferente o de la empresa líder de la UTE, como promedio de los últimos tres balances, deberá ser igual o superior al presupuesto oficial”. Esto dejaba afuera a las empresas locales y nunca se había impuesto una cláusula así.
La decepción fue grande por esta condición impuesta. Pero esa sensación se transformó en estupor cuando se dieron cuenta de que la comunicación que les había llegado tenía –según esa versión– el membrete de Cartellone. Vialidad quiso recuperar esa carta, pero ya era tarde. La intención se había hecho evidente.
Cartellone, en una UTE?denominada LICCSA, también está al frente de uno de los tramos de otra obra clave para la provincia: la interconexión Comahue-Cuyo, que cuesta $2.400 millones. A quién le dio la Nación esa obra es otro ejemplo del estado de cosas.
LICCSA está formada por Cartellone y otras dos empresas: IECSA e Isolux. La primera es propiedad de Angelo Calcaterra, uno de los constructores más importantes de Argentina que realizó, entre otras, Puerto Madero. Isolux tiene una fuerte vinculación con el Gobierno nacional, ya que participó de la licitación del tren de alta velocidad entre Buenos Aires y Rosario.
En su carrera ascendente, Porreta aspira a quedarse con la construcción del dique Los Blancos, en Tunuyán, una obra más grande que Potrerillos. Pero deberá sortear antes a un duro competidor.
Detrás de este emprendimiento millonario está Electroingeniería SA, la misma empresa que está a punto de quedarse con la presa Chihuido, en Neuquén. A esta altura el dueño de Ceosa debería saberlo: si Cartellone y Roggio son socios del “Club de los 500” de De Vido, Electroingeniería ejerce la presidencia.