El gobierno de Chile impulsa un proyecto de reforma constitucional para que se declare al agua como un "bien nacional de uso público", con el fin de recuperar el dominio de ese recurso de "carácter estratégico".
El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, explicó que la iniciativa que prepara la administración de la presidenta chilena Michelle Bachelet tiene por objetivo "recuperar el dominio" de los recursos hídricos del país sudamericano.
Detalló que la reforma constitucional propone eliminar un inciso del articulado de la Carta Magna, según el cual "los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos conforme a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".
En su reemplazo, la iniciativa legal que promueve el Ejecutivo establece que "las aguas, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, son bienes nacionales de uso público".
Bitar recordó que este concepto estaba ausente de la Constitución de 1980, al contrario de lo referido al sector minero, donde la Carta Magna reserva para el Estado "el dominio absoluto exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas".
En la actualidad, la situación legal de los recursos hídricos se rige por el Código de Aguas de 1981, que si bien reconoce al vital elemento como un "bien nacional de uso público", aclara que también se trata de un "bien económico".
La gestión y manejo del recurso, por ello, quedó sujeto a los criterios del libre mercado y a las normas de la propiedad privada, amparadas por las garantías constitucionales, y además, los derechos fueron concedidos a privados de manera gratuita y a perpetuidad.
El ministro Bitar afirmó que la circunstancia de que el agua es un recurso vital para la subsistencia del ser humano, que además amenaza con escasear en el futuro, fundamenta la iniciativa gubernamental de garantizarla para las necesidades de la población.
El titular de Obras Públicas aclaró, sin embargo, que el proyecto de reforma constitucional "no significa negar los actuales derechos de aguas, sino que regular mejor el mercado".
En Chile, el 81 por ciento de las aguas para uso "no consuntivo" (uso del recurso, pero sin consumirla) está en poder de la eléctrica Endesa, de capitales italianos, seguida de otros 13 propietarios menores dedicados a la generación de energía.
En el caso del agua de uso "consuntivo", vale decir, que implica su consumo, la mayor parte está en manos del sector exportador y el 84.6 por ciento se concentra en el sector agrícola.
Entre otras medidas propuestas por el gobierno de Bachelet para garantizar el agua para el consumo de sus habitantes, está la de establecer por ley la "extinción, caducidad y pérdida de los derechos de los particulares", abundó Bitar.
La propuesta, además, entrega al Estado la facultad de reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas "cuando así lo exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental".
La reforma constitucional contempla asimismo la creación de corporaciones administradores de cuencas, que serán organismos públicos con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Al mismo tiempo se establece por ley la "exploración, explotación y constitución de derechos de aprovechamientos en conformidad a la diversidad geográfica y a la disponibilidad efectiva de recursos hídricos", de acuerdo a la enmienda que impulsa el Ejecutivo.