Después de haber relevado el estado de las causas judiciales en contra y a favor que mantenía Obras Sanitarias Mendoza (OSM), la intervención estatal confirmó que la empresa acumula demandas civiles, laborales e incumplimientos fiscales por unos $ 40 millones, mientras que mantiene en la Justicia provincial un solo reclamo legal a favor cuyo monto equivale a la mitad.
Ante el avance de la pulseada con Saur International, el marginado concesionario privado, el Ejecutivo pretende que las 220 denuncias ante la Justicia (algunas en firme, otras en suspenso) durante la etapa de gestión privada sirvan como un factor de presión importante para echarle mano de ser necesario.
Esto si Saur mantiene su millonaria demanda por daños y perjuicios ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) contra el Estado nacional.
Mientras, el grupo francés espera la respuesta del Gobierno mendocino a su propuesta de "negociación amistosa", que cursó por escrito a la presidenta Cristina Fernández a fines de agosto. Pero, según lo expusieron el interventor Gonzalo Dávila, el asesor de la intervención, Aldo Rodríguez Salas, y el presidente del EPAS, Javier Montoro, al Consejo Asesor de la intervención, la idea es retrucar con otra oferta: aceptar sentarse a la mesa de negociación siempre y cuando el grupo francés suspenda la acción que aún tiene vigente y data de 2002 ante el Ciadi.
La condición, muchas veces utilizada durante la administración Cobos entre 2006 y 2007 para acordar el acta-entendimiento del contrato de concesión, ya tiene la anuencia del Consejo (que integran representantes de los distintos partidos, Irrigación, el INA, el CCT-Conicet y Fiscalía de Estado).
Y seguramente se formalizará en una nota por escrito esta semana, una vez que lo decidan el gobernador Jaque y el fiscal De Rosas para ser despachado a la Procuraduría General de la Nación, que representa al Estado nacional ante los tribunales internacionales.
Fue uno de los aspectos principales tratados ayer en una nueva reunión con el órganos consultivo, y durante la cual se trató en primer término precisamente la situación ante el Ciadi.
El encuentro concluyó con un informe de José Puliafito, quien fuera el primer presidente del EPAS en 1996 y hoy es un referente en la materia, sobre los parámetros de la exhaustiva auditoría técnico-contable-administrativa que deberá concluir antes de fin de año.

Las causas pendientes
Con una mayoría de demandas civiles (151) y laborales (29) pero de montos menores ($ 4 millones es la estimación contable global), la lista de acciones judiciales es diversa. De hecho, sobre la empresa están pendientes también 27 procesos iniciados por el propio EPAS a partir de multas acumuladas en los últimos años por reclamos de usuarios. Aunque están suspendidos, suman otros $ 5 millones.
Y si bien uno de los más avanzados y onerosos es el que por $ 20 millones impulsa la AFIP (llegó a la Corte y se encuentra en etapa de apremio), el problema en cuanto a resolución pasa por los municipios, que acumulan contra OSM unos $ 11 millones. Dentro de ese monto, Capital representa más del 40% y Rivadavia $ 1,7 millón.
Sin embargo, no todas son pálidas para la empresa, ya que espera que prospere a su vez un proceso que inició contra la Municipalidad de Luján por $ 20 millones.
"La mayor preocupación son los millonarios juicios que sostienen los municipios y sobre los que pretendemos que no avancen", adelantó Rodríguez Salas, quien luego de hacer una completa exposición sobre la situación legal y la probable estrategia oficial al respecto reafirmó que las causas servirán para la defensa de los intereses de la provincia.
"Es importante que el Gobierno asuma el liderazgo de la defensa de los intereses de Mendoza. Se necesita tiempo para evaluar los avances y pasos a seguir", señaló el senador Víctor Salomone (Confe).

La estrategia de Saur
En un texto de casi dos carillas de extensión que lleva la firma del director general de Saur, Olivier Brousse, y se envió con copia a la embajada de Francia, los directivos locales aluden a la vigencia de un acuerdo bilateral entre ambos países que protege sus intereses.
Para Saur, "las medidas adoptadas, así como la forma en que fueron implementadas, constituyen una violación de las obligaciones asumidas por Argentina en favor de su inversión bajo el acuerdo entre el gobierno de Francia y el de Argentina para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones".
Y, en virtud del artículo 8 del mismo tratado, solicita "el inicio de negociaciones amistosas (sic). Al mismo tiempo, remarca la vigencia de un plazo de 6 meses a partir de la recepción de la nota.Aunque advierte en el final que "el ejercicio paralelo de recursos locales no implica renuncia a recurrir al arbitraje internacional".

Claves del conflicto
La intervención y sus efectos: el 3 de agosto asumió el interventor Gonzalo Dávila. Apenas 48 horas. después decidió desplazar a la gerente general, Alejandra Alberdi, y al gerente de Explotación, Federico Pagnotta. Poco después, tanto Saur como su socio SouthWather amenazaron con acciones judiciales contra la Provincia.
Ahora Alberdi fue la encargada de redactar un escrito dirigido a la presidenta Cristina Fernández el 27 de agosto, para pedir el inicio de "negociaciones amistosas" en virtud de un acuerdo diplomático entre Argentina y Francia.
Condiciones: La intervención y el EPAS someten el sí al "trato entre amigos" a condición de que Saur suspenda su demanda ante el Ciadi. Para eso, deben enviar una nota a la Procuraduría General de la Nación. Si es viable, tendrán un plazo de 6 meses para llegar a algún acuerdo.
Dónde puede terminar: Para el EPAS, la "negociación amistosa" va por vías separadas y no determina una decisión respecto al futuro de la concesión.
"Si hace falta, rediscutiremos el modelo", señaló Javier Montoro, del EPAS. Sin embargo, si eso ocurre, obligará a discutir los términos de una probable rescisión de contrato: monto del resarcimiento y plazos, entre otros ítems.