La comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda de la Cámara de Diputados, se reunió con representantes del Instituto Nacional del Agua – INA -, inspectores de cauce de la zona de Uspallata y de la red ambientalista OIKOS, para analizar el impacto que tendrá el proyecto minero San Jorge, en esa localidad mendocina.
Entre otros aspectos, desde los distintos sectores manifestaron la necesidad de realizar más estudios que permitan establecer más certezas en cuanto a la no contaminación de la actividad, como así también la importancia de dejar establecido que las aguas que se utilizarán no son de dominio privado sino que “esas aguas hay que declararlas públicas, lo que permitirá hacer un control adecuado de su uso”.
De igual forma, uno de los planteos que se dejó en la comisión, es considerar la posibilidad de que “si va a haber un consumo de agua, de alguna manera hay que reponerla, que se haga la recarga artificial a través de obras de infraestructura”, dijo Mariano Rosell, gerente de la Asociación de Inspectores de Cauce de Alta Montaña.
Al mismo tiempo, Rosell pidió realizar una Gestión Integral del Recurso Hídrico, que permita trabajar en al menos tres aspectos: por un lado, cómo afectaría al caudal de la cuenca de Uspallata, y cómo afectará el aporte que esa cuenca realiza al río Mendoza, y en tercer lugar, la posible contaminación.
En ese sentido, hicieron hincapié en los controles que el Estado debe ejercer para garantizar la no contaminación y el cumplimiento de la legislación vigente, y expresaron su deseo de participar tanto en los controles, como en los aforos y mediciones, “más allá de lo que realiza el Departamento General de Irrigación”.
Desde el INA, el especialista Adrián Vargas indicó que una de las “líneas base”, es tener “una buena evaluación del recurso”, a lo que agregó que “eso no puede cambiar con la actividad. Si se modifica, hay que ver cómo se vuelve a la situación inicial del comienzo de la actividad”.
En la misma línea, los presentes puntualizaron que el Estado debe imponer costos, controlar los estudios de impacto ambiental, así como establecer sistemas de remediación, y si el costo no alcanza para el monitoreo, “la empresa tiene que realizar los aportes para que puedan hacerse”.
Para Vargas, uno de los aspectos a analizar es la localización de las escombreras que, si bien está en estado estático, cuando llueva no va a formar cauce, y terminará infiltrándose. Entre las sugerencias esbozadas, se señaló la construcción de sangrías de protección para controlar el drenaje.
“Para atenuar, si escurre, quitar la energía. Eso se puede pedir, si se aprueba el proyecto final”, subrayaron.
Sin embargo, el mayor inconveniente se presentaría una vez que la empresa termine su actividad en la zona.
Al respecto, Vargas mencionó tres aspectos a tener en cuenta: el control cuando ingresa a la actividad, el monitoreo de la explotación minera y finalmente, “leyes muy claras en lo que hace al denominado abandono de minas”.
Dijo sobre este punto que por ejemplo en Europa, hay manuales y protocolos que abordan la problemática del abandono de mina, y que determinan una serie de pasos a cumplir por parte de las empresas.
Eduardo Sosa, de OIKOS, consideró que de la reunión “surge que hay que hacer más estudios y la necesidad de resolver cuestiones que no están en el informe de impacto ambiental. Sostengo que no se puede tener una decisión si no se tiene toda la información”.
Rossel, en tanto, expresó también que “hay estudios que deben ampliarse, a la vez que creemos indispensable declarar el agua pública, como también la necesidad de que agua que se saca y que abastece el sistema, trabajar para que se haga un balance”.
“No se puede cambiar plata por agua, y como usuarios del agua, más allá de los controles establecidos, queremos participar”, expresó.
Por su parte, la titular de la comisión, Amalia Monserrat (CONFE), sostuvo que “hay una serie de consideraciones que se están estudiando”, pero resaltó que “técnicos y organizaciones no gubernamentales están trabajando con responsabilidad. Nos estamos escuchando, para poder tomar todos los recaudos que sean necesarios y lograr que la sociedad no se sienta insegura ante este tema”.
También destacó la importancia de la ley 7722, “que dice especialmente que la declaración de impacto ambiental tiene que tener ratificación legislativa”.
Participaron además de la reunión los diputados Mario Casteller (PD), Roberto Infante (CONFE), y Juan Dávila