Un grupo de empresarios de la construcción de Mendoza rompió el silencio, y puso sobre el papel las críticas y las sospechas que vienen deslizando en privado acerca de la forma en que el gobierno de Celso Jaque adjudica en la provincia las obras públicas de envergadura para favorecer a determinados contratistas.
En ese sentido, la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM) presentó el lunes un pedido formal ante el Departamento General de Irrigación para que “anule” el llamado a licitación de dos proyectos, que en total acumulan casi $200 millones, por considerar que de la forma en que está armado “se permitiría arbitraria e injustamente sólo la participación de muy pocos oferentes”, y pide “mayor transparencia para alejar toda sospecha de favoritismo”.
La CECIM –un desprendimiento de la Cámara Argentina de la Construcción que hasta ahora no había tenido mayor trascendencia y que agrupa a unas 37 empresas locales medianas y chicas– pone la lupa sobre la adjudicación del proyecto de modernización del sistema de riego Canal San Martín-Canal Norte, en el río Tunuyán Inferior, y sobre el Proyecto Integral Naciente-Chachingo-Pescara, dos obras financiadas por el BIRF y que tienen un costo de $93.000.000 y $97.000.000 respectivamente.
Según sus objeciones, que también elevarán por nota al gobernador y al ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, “se han agrupado en dos grandes licitaciones la contratación para la ejecución de varios canales que son distintos y separables. Este agrupamiento produce que los requisitos para participar sean de tal magnitud, que superan con creces las posibilidades de casi todas las empresas mendocinas”.
Entre los requisitos impuestos por Irrigación figura la obligación de demostrar una facturación anual de entre $84.000.000 y $93.500.000, y poseer activos líquidos de más de $7.000.000. Condiciones éstas que prácticamente ninguna empresa local puede acreditar.
El escrito no menciona ninguna empresa en particular, pero muchos empresarios apuntan en la misma dirección, el de una constructora a la que le atribuyen ser muy beneficiada por el Gobierno –y en particular por Irrigación– a la hora del reparto de obras públicas. Dicen que es la única empresa local, junto con algunas grandes de orden nacional, que está en carrera para quedarse con la construcción de estos dos canales, cuya apertura de ofertas está prevista para el 9 de octubre.
La impugnación del proceso –lleva la firma del presidente Atilio Calzetta y del vicepresidente Aníbal Savelli– desencadenó ayer una citación al superintendente de Irrigación, Eduardo Frigerio, por parte del presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, Roberto Blanco, para detectar posibles irregularidades .
Según el legislador del peronismo disidente, “se están cometiendo irregularidades en la licitaciones y adjudicaciones de obras en Mendoza. Hay falta de control, evasión a la Ley de Obras Públicas y una creciente intencionalidad de favorecer a empresas amigas o con respaldo nacional”.
Se rompió el pacto de silencio
En los últimos meses, en encuentros privados y en algunos ámbitos legislativos también, fueron varias las empresas constructoras de la provincia que hicieron notar su malestar por las licitaciones que estaría realizando el Gobierno.
La mayoría de las empresas aluden en voz baja a ciertas obras eléctricas licitadas hace poco. Y agregan otros ejemplos. En el proceso de licitación de la doble vía entre Anchoris y Tunuyán por $166.500.000, sobre la ruta 40, también se impusieron condiciones muy exigentes (como el patrimonio neto elevado que debía acreditar el oferente) que terminaron favoreciendo a empresas de fuerte presencia nacional, como Benito Roggio y Cartellone, y eliminando de la competencia a las locales que no alcanzaban a presentarse ni en UTE.
La CECIM decidió impugnar el proceso en Irrigación por más motivos de los expuestos en la nota. Uno de ellos es que considera que las decisiones del Gobierno permiten un crecimiento desbalanceado de las empresas constructoras en Mendoza. Y el otro es que hay un fuerte desembarco de empresas grandes de origen nacional, que se están quedando con prácticamente todo.
UNO intentó comunicarse con los integrantes de la CECIM, quienes pidieron no expresarse públicamente y dejar que la carta presentada hable por ellos. Según Blanco, “las empresas mendocinas tienen miedo de confirmar todo esto o realizar presentaciones legales, por miedo a represalias que compliquen su actual situación”.
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