A diez días de la inundación que azotó San Antonio de Areco, las autoridades bonaerenses decidieron instalar allí, a partir de hoy, una oficina permanente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos provincial para "coordinar acciones de ayuda", según se informó oficialmente.
La dependencia, que estará a cargo del director del Area Metropolitana, Francisco Cafiero, tendrá como misión "coordinar las distintas acciones, tanto de ayuda como de recuperación que se pondrán en marcha, tras las graves inundaciones que castigaron a ese distrito", se indicó en un comunicado de la cartera conducida por Cristina Alvarez Rodríguez.
Según se informó, delegaciones de la direcciones de Hidráulica, Vialidad, Arquitectura, Energía, Oceba, ABSA, Autoridad del Agua (ADA), Dirección de Fortalecimiento y la Subsecretaría Social de Tierras "participarán con personal y equipos con el fin de llevar adelante los trabajos que ayuden a salir de la delicada situación que están padeciendo las personas que sufrieron el castigo de la inundación".
Hasta el momento, más allá de pedir a la justicia penal que investigue la existencia de canales clandestinos y su incidencia en el desborde del río Areco, el gobierno bonaerense no anunció ni dispuso hasta el momento la realización de obras hidráulicas para evitar una eventual reiteración del fenómeno.
La intendenta local, Estela Lennon, adelantó que se prevé realizar tareas de limpieza y el control de los canales. "Tener los técnicos en nuestro municipio es para nosotros mucho más fácil que empezar a escribir cartas o andar siguiendo el trámite", celebró Lennon.
La tarea de detección y control de obras clandestinas -que para el gobierno nacional, provincial y también para la intendencia local incidieron en lo ocurrido- le corresponde, según el Código de Aguas provincial, a la Autoridad del Agua, encargada de "reglamentar, supervisar y vigilar actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua". El titular de ADA es Darío González Ceunink, aunque en los últimos dos días prefirió mantenerse en silencio y tampoco respondió las llamadas de LA NACION.
En 2002, la recurrencia y dimensión de las inundaciones en territorio bonaerense obligaron al gobierno a dictar la resolución 229, que estableció el procedimiento para el tratamiento, prevención y resolución de las obras hidráulicas no autorizadas, en busca de instaurar un trámite "rápido y eficaz" para atacar la proliferación de canales clandestinos. En aquella resolución, dictada por el gobierno provincial, entonces a cargo de Felipe Solá, se señalaba que el citado "procedimiento será de aplicación en toda oportunidad en que se constate o reciba una denuncia de la existencia de canalizaciones".
Es decir, que, taxativamente, el gobierno (la ADA) tiene la responsabilidad de actuar por denuncias o de oficio. La normativa establece que, en caso de comprobarse la existencia de canalizaciones sin autorización -tal como denunció en el caso de San Antonio de Areco el gobierno provincial y la intendencia local-, se debe denunciarlo por escrito ante el distrito de Hidráulica más cercano, el cual deberá comprobar la existencia de la obra y remitir la información en 72 horas al director provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, que tiene un plazo de 48 horas para corroborar si los trabajos están autorizados.
En caso contrario, deberá girar las actuaciones a la ADA, que debe intimar al propietario de la canalización. Si éste no presenta documentación que acredite que podía realizarlos, se declarará su clandestinidad y se lo intimará a que restituya las cosas a su estado anterior. De no hacerlo, lo tiene que hacer la Autoridad del Agua, a costa del propietario, con el auxilio de la policía. Pese a la gravedad de lo ocurrido, los canales presuntamente detectados por el gobierno aún no fueron clausurados, con la gravedad que esto implica.