Todo está saliendo tal como lo previó el gobierno nacional. La preadjudicación de la obra Chihuido I fue para la UTE compuesta por las firmas Electroingeniería (EISA), OAS, Comercial del Plata Constructores (CPC), Hidrocuyo y Robella Carranza.
En esta primera selección, realizada por la Unidad de Gestión de Chihuido, cuyo titular es Elías Sapag -hermano del gobernador neuquino-, sobresalen la cordobesa EISA y la constructora CPC, dos empresas que tienen llegada directa a la Casa Rosada.
EISA tiene entre sus socios fundadores a Osvaldo Acosta, ejecutivo vinculado con Carlos Zannini, actual secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación y mano derecha del matrimonio Kirchner. CPC es otra de las empresas insignia de la UTE, que estuvo inactiva varios años, pero que cuenta con amplia trayectoria en el mercado de la construcción y habría sido adquirida a principios del 2009 por el empresario ligado al kirchnerismo Cristóbal López. Según fuentes del gobierno neuquino, el Banco Macro participaría con parte de la operatoria de la obra de esta firma. López no es santacruceño, pero sólo por unos pocos kilómetros. El empresario nació en Comodoro Rivadavia y hoy cuenta con negocios distribuidos en gran parte del país. El juego, la industria petrolera, el segmento agroindustrial, construcción y transporte (Indalo en Neuquén) son los pilares de su nuevo imperio nacido a partir del 2003.
En este escenario, la estrecha relación que busca sostener el gobernador Jorge Sapag con la administración Kirchner pone en duda hasta qué punto la preadjudicación de Chihuido no estaría siendo influenciada, al definir las empresas que participarán en su ejecución, por el gobierno central. La presencia de estas dos firmas, EISA y CPC, ligadas a los K y fuertemente cuestionadas ante la Justicia por sobrecostos multimillonarios en obra pública digitada desde la administración central, abona esta teoría.

Diferencias importantes
La propuesta de la UTE liderada por EISA y CPC establece un monto total de construcción (sin IVA) para la construcción de Chihuido de 5.825 millones de pesos. La oferta estuvo por debajo del grupo Odebretch-Cartellone, pero arriba de los consorcios liderados por las firmas Roggio e Impsa. La diferencia de los montos totales de construcción de obra entre la propuesta de EISA-CPC y la segunda precalificada, liderada por la firma Benito Roggio, es del orden de los 1.200 millones de pesos.
Al ser consultado por el tema Elías Sapag, aseguró que el proceso licitatorio fue de "total transparencia" y que "no hay que mirar sólo el monto de la obra al evaluar la preadjudicación. El tema es mucho más complejo".
Pero dejando de lado la complejidad de los trabajos técnicos que evalúan la preadjudicación y los 1.200 millones de pesos de "mayores costos" que existe entre el primero y el segundo de los consorcios, la presencia de dos empresas del riñón del kirchnerismo al frente de la construcción sumado a los acuerdos políticos entre Sapag y CFK, generan muchas dudas sobre la transparencia de esta licitación.

Foto: Archivo Programa Infoagua