Una disputa judicial tiene enfrentados a la hidroeléctrica La Higuera S.A. -de Tinguiririca Energía- con la Ganadera y Forestal Courtin S.A. (Gafoco), en la Región de O'Higgins.
El 19 de agosto, el Primer Juzgado de Letras de San Fernando ordenó la suspensión provisional de las obras, luego que Gafoco interpusiera una demanda por obra nueva en la que reclama la propiedad de más de 50 hectáreas ocupadas para construir parte de la central: una laguna.
El 20 de agosto se notificó al gerente de la hidroeléctrica, Claudio Montes. Sin embargo, no se pararon los trabajos, lo que derivó en que el juzgado remitiera los antecedentes al Ministerio Público, y se presentara una querella por el delito de desacato, que es investigada por el fiscal Néstor Gómez.
En la central aseguran que el terreno en litigio es un 1% del proyecto, que es una sociedad dividida en siete partes de la cual son dueños de un séptimo.
Añaden que trataron de localizar a los dueños, pero al no conseguirlo constituyeron "una servidumbre", pagando para ocupar estos terrenos, lo que consignaron en un tribunal.
Agregan que optaron por continuar con las obras porque paralizar era un "gran daño" para el proyecto, porque están "seguros" de que la justicia les dará la razón, y porque la ley permite seguir con los trabajos y deshacer lo construido en caso de perder.
Mientras el abogado de Gafoco, Rodrigo Henríquez, se mostró "sorprendido" que se actúe "conscientemente contra una orden de un tribunal de la República que le ordenó paralizar la obra. La demolición posterior no modifica la responsabilidad penal por el desacato y sólo se refiere a las consecuencias patrimoniales de su acción y no a la responsabilidad penal por el delito confesado".
Sobre los pagos consignados en un juzgado, aclaró que "no se notificaron todas las partes involucradas, por lo que ni siquiera existe realmente un juicio".
El fiscal Gómez está a la espera de que le certifiquen en qué situación están las dos causas esgrimidas por las partes. Además, dio orden amplia de investigar a la PDI, y citará a declarar en los próximos días al gerente Montes para determinar el grado de conocimiento que tenía de la resolución. Sobre una eventual formalización, precisó que "es bastante prematuro para tomar una medida de ese tipo".