Ante la inundación de San Antonio de Areco, el gobierno de Daniel Scioli apeló al habitual recurso oficialista de deslindar responsabilidades y culpar a terceros, en este caso, a los productores agropecuarios, un blanco habitual del kirchnerismo.
Cuando se produjo la inundación del pueblo, luego de un nivel de precipitaciones excepcional, el gobierno provincial atribuyó el problema a canales irregulares de drenaje realizados por los productores. Efectivamente, según denuncias y testimonios precedentes, en la zona se habrían construido canales no declarados que pueden haber contribuido a agravar las consecuencias de las intensas lluvias.
La irregularidad no se limitaría a la zona de Areco, ya que en 2002, como consecuencia de importantes inundaciones, la Provincia estableció un régimen para prevenir la construcción de canales clandestinos y para su rellenado en corto tiempo.
Es decir que, a pesar de los antecedentes en la materia y de la legislación vigente, el Gobierno no detectó la construcción de los canales que denuncia ni, por lo tanto, evitó las consecuencias que los mismos habrían tenido sobre el territorio. Las responsabilidades por imprevisión deben ser reconocidas.
Es necesario, por lo tanto, aclarar cual es la situación real de los campos y la eventual responsabilidad del Estado en el incumplimiento de sus deberes, para hacer justicia en el caso de San Antonio de Areco y, fundamentalmente, para evitar la repetición de daños en esa localidad, y en otras que también son, o pueden ser, afectadas por inundaciones.
Ante la inundación de San Antonio de Areco, el gobierno provincial la atribuyó a canales clandestinos. Si así fuera, no aplicó una legislación preventiva existente.