"Tomo esta agua y no me pasa nada”, argumentó Mario Meoni, con un cinismo, que si no fuera por el mortal contenido de arsénico que contiene el agua del partido de Junín, sería un mal chiste del Intendente”, dice un comunicado emitido por el Partido Obrero de Junín.
En una nota difundida, suscripta por las dirigentes Sonia Rodríguez y Silvana Oviedo, se recuerda que “el fallo de la Corte Suprema de la Provincia confirma el alto nivel de arsénico en el agua. Desde el Gobierno local trataron de restarle importancia y relativizar la veracidad del fallo. La promesa es la construcción de 12 plantas depuradoras y “13 pozos de captación a erigirse en las ocho zonas en las que se divide la ciudad””.
“El valor de las obras, según el gobierno de Meoni, sería de $ 7.000.000, los que se obtendrían aplicando una tasa especial, que sumaría $ 14 por bimestre de las facturas de Servicios Sanitarios que pagamos los habitantes de Junín. Lo dijo Agustín Pinedo, secretario de Obras Públicas: “Si la gente quiere agua mineral en las canillas, hay que pagarla””, remarcaron.
Las dirigentes locales del PO adelantaron también que “el Concejo Deliberante discutirá esta iniciativa, con una mayoría de integrantes pertenecientes al oficialismo que buscarán acomodar el proyecto a la medida de Meoni”.

Propuestas
Ante esta situación, desde el Partido Obrero local reclamaron que las autoridades “dejen de envenenar a la población con arsénico”, y pidieron “juicio político a Pinedo, por sus dichos, ya que él es uno de los máximos responsables de la demora en atacar este grave problema y nos intima a que sigamos bebiendo veneno” porque el secretario “tiene posibilidades de agua mineral envasada”
“El dinero para las obras, no debe salir de los bolsillos de los habitantes de Junín. Debe salir de los contaminadores, que son las empresas agropecuarias”, opinan desde el PO, proponiendo un “impuesto progresivo a las grandes fortunas y explotaciones y un impuesto inmobiliario rural al valor actual de la hectárea”.
Asimismo, reclaman una apertura “de los libros del municipio, por comisiones de vecinos, científicos de la universidad pública, médicos que controlen el uso de agroquímicos y del agua en las explotaciones agropecuarias”.
“El derecho al agua limpia sólo lo obtendremos si luchamos organizadamente contra este Gobierno que pretende descargar en nuestras espaldas, el costo de su indiferencia ante este grave problema”, agregaron.