La UTE conformada por Benito Roggio, Corsan Corviam, Esuco SA y Supercemento SAIC impugnó el lunes la preadjudicación para la construcción de Chihuido en la que se había beneficiado el consorcio liderado por dos empresas ligadas a la administración Kirchner: Electroingeniería (EISA) y CPC.
En el escrito presentado ante la Unidad de Gestión Chihuidos I y II -organismo rector de la obra- la UTE liderada por Roggio solicita que se realice una nueva evaluación de las propuestas considerando que existen errores "metodológicos" en los mecanismos de preclasificación que afectan los resultados de la licitación. "La metodología aplicada no estuvo especificada en los pliegos adquiridos y eso es un hecho grave", señaló una fuente de la firma Benito Roggio desde sus oficinas en Buenos Aires al ser consultado telefónicamente por el tema.
En esta misma línea estaría trabajando la firma Industria Metalúrgica Pescarmona (Impsa), con sede administrativa en Mendoza. Fuentes de la empresa aseguran que la semana pasada presentaron un escrito al titular de la Unidad de Gestión, Elías Sapag, interpretando que el vencimiento de los plazos para impugnar lo actuado hasta la fecha es el primer día hábil de febrero y que están estudiando los resultados de la preadjudicación para ver si "existen diferencias metodológicas que no fueron tenidas en cuenta en los pliegos de licitación".
Según consta en la documentación entregada a los cuatro consorcios que participaron de las ofertas de construcción de Chihuido, el plazo para impugnar lo actuado por la Unidad de Gestión era hasta el 4 de enero pasado y es por ello que solicitan una prórroga sobre esta fecha ya que "no se pueden estudiar las complejas ofertas en sólo un par de semanas. Si se quiere hacer algo serio, se necesita más tiempo", confió la fuente de Impsa.

Cifras millonarias
La oferta del consorcio conformado por las empresas EISA, Constructora OAS, CPC e Hidrocuyo SA fue la que obtuvo la preadjudicación de la obra con una oferta para su construcción de 5.825 millones de pesos. La cifra es 1.200 millones de pesos más cara que la ofertada por la UTE liderada por Roggio y 400 millones más elevada que la presentada por el grupo Impsa.
Electroingeniería es una empresa que está cuestionada ante la justicia por sobrecostos en la obra pública y cuyo socio principal se encuentra vinculado a Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación. CPC es una de las firmas que integra el grupo de Cristóbal López, que también está cuestionado por ser uno de los privilegiados del matrimonio K a la hora de repartir en forma discrecional los fondos públicos para obras.
Según se supo para fines de febrero de 2010 la UTE que lideran las empresas EISA-CPC deberá introducir cambios referidos a aspectos técnicos, caminos, reubicación de poblaciones, estudios de impacto y establecimiento de los campamentos que la comisión evaluadora sugiera.
La propuesta liderada por EISA-CPC presentó la mayor proporción de financiación y todo indica que ese punto habría sido determinante para su preadjudicación.
El próximo paso lo tendrá que dar la Unidad de Gestión, defendiendo lo actuado hasta ahora y dando respuesta la impugnación presentada por la UTE que capitanea la firma Benito Roggio.