"Lo que estamos haciendo es una declaración política del más alto nivel. Y la hacemos a partir de una convicción muy profunda acerca del rol del Estado y el rol de los ciudadanos respecto de los bienes públicos que todo Estado debe garantizar".
Con estas palabras la Presidenta, Michelle Bachelet, dio luz verde al polémico proyecto que busca reformar el Artículo 19 de la Constitución en cuanto al Régimen Jurídico de las Aguas en Chile, iniciativa que tiene preocupado al sector privado, que ve en ella un cambio en las reglas del juego para invertir.
Este proyecto, despachado al Congreso con carácter de suma urgencia, busca dar rango constitucional al agua como un bien de uso público.
Con la iniciativa, el Gobierno pretende establecer un "equilibrio" legislativo en la materia, puesto que la Constitución sólo se refiere a este recurso en cuanto a propiedad privada y no como un bien de uso público.
El anuncio tomó por sorpresa a diversos actores del mundo privado, especialmente a aquellos que habían participado en las discusiones previas con la autoridad. "Estábamos conversando, tanto con la Dirección General de Aguas (DGA) como con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de repente el tema se precipitó y nos avisaron ayer (martes) que hoy (miércoles) se enviaba el proyecto", aseguró Luis Mayol, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). El directivo agregó que le parecía "curioso" que se enviara el proyecto a menos de dos semanas de la elección presidencial.
Tanto Mayol, como otros representantes de la industria, califican la iniciativa como una amenaza al derecho de aprovechamiento del agua y un desincentivo a las inversiones. "Se dice que será materia de una ley establecer las formas de ejercer el derecho y extinguirlo. Es decir, por mayoría de un voto se puede acordar un modo para extinguir el derecho de agua. Ahí hay una incertidumbre jurídica tremenda. El inversionista tendrá temor a invertir", dijo Mayol.
Sin embargo, Rodrigo Weisner, director de la Dirección General de Aguas (DGA), puso paños fríos a la inquietud de los privados, planteando que "la señal de que la suma urgencia significa que se quiere legislar entre gallos y medianoche es falsa. La suma urgencia sólo está diciendo que se somete al Parlamento, el que tiene que votar la idea de legislar", dijo.
Ayer el ministro de OO.PP., Sergio Bitar, reiteró la necesidad de legislar sobre el agua.
Expertos perciben una "intervención" del mercado detrás de la iniciativa
El proyecto es más bien "ideológico" y tiene poco peso "técnico", según los expertos. "El inciso que dispone que la autoridad competente tendrá la facultad para reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas para asegurar la disponibilidad del recurso es un inciso muy peligroso, porque le otorga una cantidad enorme de discrecionalidad a la autoridad competente", dice Arturo Fermandois, profesor de derecho constitucional de la UC y socio del estudio Fermandois, Evans y Cía.
El abogado señala que con la interpretación de este inciso se corre el riesgo de que "la autoridad empiece a hacer nada menos que reservas de bienes". Y agrega: "El mercado de las aguas se rige por la libertad de personas y precios; cuando se otorga este nivel de discrecionalidad administrativa, de alguna forma se está incubando alguna intervención del mercado".
Por su parte, Alejandro Vergara, socio del estudio Vergara y Compañía Abogados, plantea que las aguas ya son bienes nacionales de uso público. "No se necesita decirlo de nuevo. Una reforma seria sería aquella que estudiara completamente el tema de las aguas, sin pensar en los niveles constitucionales o legales", dice. Y agrega que "todas las industrias en las cuales el agua es un insumo, se podrían ver afectadas".
En tanto, Rodrigo Weisner, director de la DGA, desestima las críticas.
Asegura que las circunstancias en las que se extinguirá el derecho de aprovechamiento de aguas serán definidas por la ley.
"Este proyecto tiene un sello más bien ideológico que técnico".
ARTURO FERMANDOIS
Abogado