Alrededor de 1.600 canales clandestinos fueron detectados en las zonas rurales en un trabajo realizado por el Gobierno bonaerense, tras las graves inundaciones que afectaron en las últimas semanas a San Antonio de Areco y al noroeste de la Provincia.
Por ese motivo, la administración de Daniel Scioli analizaban qué peso tuvieron esas obras ilegales en los últimos anegamientos, y anunciaron que intensificarán los controles en un trabajo conjunto con los municipios.
Según publicó en su edición de este viernes el Diario El Día de La Plata, el director de la Dirección de Hidráulica bonaerense, Daniel Corolli, adelantó que no descarta "embargarle las cuentas" a los productores que no acaten las intimaciones judiciales y se resistan a cerrar los canales ilegales.
Así, la intención de la administración bonaerense es que sean los propios productores quienes se hagan cargo de los altos costos que el cierre de los canales ilegales podría demandar.
"Para detectar los canales ilegales nos basamos en un sistema de denuncias; la misma gente del campo es la que denuncia a sus vecinos, porque ve que se están haciendo obras sin autorización. También sobrevolamos los campos y nos valemos del sistema satelital de Arba", afirmó Corolli.
"Debido a que tenemos escasos recursos, comenzamos a trabajar en las zonas bajas, esas que siempre se inundan. San Antonio de Areco no era una hipótesis de conflicto", reconoció el director de Hidráulica.