Una solución alternativa al polémico proyecto del Gobierno, que busca reformar a nivel de la Constitución el Régimen Jurídico de las Aguas en Chile, tiene preparada la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).
El gremio observa con preocupación las consecuencias que podría tener para los agricultores e inversionistas la iniciativa de la autoridad, que ingresa hoy a la Cámara de Diputados, con suma urgencia, y que pretende convertirse en una herramienta eficaz para asegurar la disponibilidad del recurso, según han indicado en el Gobierno.
La incertidumbre, según indica el presidente del Comité de Aguas de la SNA, Patricio Crespo, es generada por un mecanismo incluido en el proyecto del Gobierno que permitiría, a través de una ley simple, extinguir los derechos de agua entregados a un particular sin un pago o indemnización de por medio. "El artículo primero de esta iniciativa elimina el inciso final del número 24 del Artículo 19 de la Constitución, que establece el derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de agua", explica Crespo, quien agrega que, con estas modificaciones, "se deja fuera todo derecho de indemnización asociado a una expropiación".
"Hoy, al igual que cualquier derecho de propiedad, por causa de utilidad pública los derechos de agua se pueden expropiar e indemnizar", agrega. Pero esto, señalan los agricultores, "tiene un costo tremendo para el Estado y por eso escogieron este camino o bypass que es el proyecto".

La vía alternativa
En el gremio ya tienen preparada una solución alternativa para asegurar la disponibilidad del recurso para las distintas actividades que compiten por éste, como es el caso de la agricultura, la minería, la industria y las sanitarias. La opción parte de una premisa distinta a la de la autoridad.
"El Gobierno dice que en Chile hay escasez de agua y nosotros no estamos de acuerdo con eso... Hay agua suficiente para todos, sin tener que recurrir a la confiscación o a la expropiación. Las soluciones van por el lado técnico y básicamente son de distribución", explica el presidente de la SNA, Luis Mayol.
A modo de ejemplo, manifiesta que, si uno mide el agua que anualmente se deja escurrir por los ríos y se abandona al mar sin retenerla, el volumen alcanza a 2.300 metros cúbicos por segundo, en circunstancias que todas las actividades del país, de Arica a Punta Arenas, consumen 680 metros cúbicos de agua dulce por segundo.
"Es decir, se bota tres veces al mar lo que consume Chile entero", dice Mayol. De ahí que el gremio proponga que los derechos consuntivos que tienen los agricultores (es decir, sin obligación de devolver el agua utilizada), que son continuos y que se pueden explotar las 24 horas al día, puedan ser cedidos a terceros en invierno, fuera de períodos de riego.
"El precio mínimo que estamos dispuestos a cobrar por ello es que se nos restituya el monto que por esa agua le hemos pagado al fisco a través de las contribuciones; es decir, con una rebaja durante los meses que estamos entregando el agua", indica Crespo.
Sin embargo, añade que la propuesta también involucra las obras necesarias para almacenar y acumular el agua durante las épocas en que los agricultores no la ocupan para redistribuirla después. La inversión en embalses, explica, puede recuperarse por la vía de la implementación de centrales de pasada.
A ello se suma, añaden en la SNA, un necesario aumento en la fiscalización de la autoridad, para zanjar situaciones como las que ocurren en el norte, "donde agricultores venden a las mineras derechos a unos US$ 50 mil el litro por segundo, que es el agua necesaria para regar una hectárea; venden el derecho y como nadie fiscaliza, siguen sacando agua y regando, y así se van consumiendo los acuíferos".

Incertidumbre
En cuanto al impacto del proyecto, Mayol advierte que la incertidumbre, que generaría una normativa como ésta a nivel de inversionista, pasa, en parte, en el caso de la agricultura, porque "iniciativas que son en el largo plazo, como es el negocio de plantaciones de aceite de oliva, van a poder ser sujeto de extinción de derechos de agua, situación que incorpora un tremendo riesgo para los capitales y para los bancos, porque una tierra sin agua pierde todo su valor como garantía".

USO INDISCRIMINADO
La falta de fiscalización permitiría que los derechos se vendan y que los vendedores y los nuevos dueños sigan explotando el mismo derecho.

SITUACIÓN ACTUAL
Hoy, al igual que cualquier derecho de propiedad, por causa de utilidad pública los derechos de agua se pueden expropiar e indemnizar, manifiestan los agricultores, quienes añaden que el Estado pretende ahorrarse el costo que ello implica con esta reforma.

NUEVA NORMA
La iniciativa establecería un mecanismo para extinguir los derechos sin una indemnización de por medio. El artículo primero de esta iniciativa elimina el inciso final del número 24 del Artículo 19 de la Constitución, que establece el derecho de propiedad sobre el derecho de agua, señalan en el agro.