El proyecto del senador justicialista Osvaldo Chesini, que propone modificar la forma de reparto de los recursos que maneja la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) sigue agitando las aguas del oficialismo.
Ahora fueron los intendentes del Departamento Concordia los que salieron al cruce del proyecto del gualeguaychuense, que además cuenta con el aval del ex senador Héctor Maya, el principal artífice de la ley que le asignó esos fondos a la Provincia.
Ayer se difundió una declaración de los jefes comunales Gustavo Bordet (Concordia), Fabián Cevey (Puerto Yeruá), Jaime Chorne (La Criolla), Domingo Galeano (Colonia Ayuí), Daniel Llados (Estancia Grande) y Rubén Chaparro (Los Charrúas) donde manifestaron su “profundo desacuerdo con el proyecto de ley del senador Osvaldo Chesini” como así también con las “grotescas e irracionales” declaraciones del ex senador Héctor Maya, menemista y ahora alineado al peronismo disidente, quien apoya el proyecto de Chesini y cuestiona el funcionamiento de la Cafesg”, indicaron.
Luego de reunirse en la sede del municipio concordiense declararon además “el estado de alerta y movilización de la región” y sostuvieron que no dejarán pasar “un solo intento por minúsculo o insignificante que parezca ser, de tocar el fondo especial”.
Luego de recordarles a Chesini y a Maya que la represa se construyó “durante la última dictadura militar apuntando únicamente a la generación de energía y dejando de lado el desarrollo social”, indicaron que “no se tuvo en cuenta la necesaria planificación de obras para mitigar los efectos negativos ni las obras complementarias dirigidas a los pueblos de la región”.
También sostuvieron que “en plena obra privatizadora, la región de Salto Grande se hizo fuerte y logró impulsar y promulgar la ley del Fondo Especial de Salto Grande, que no tiene nombre ni apellido, pero refleja claramente el esfuerzo, el sentido de pertenencia, la solidaridad y la unión de toda una región” aludiendo a la norma, que en su momento se conoció como la Ley Maya y que sirvió para apuntalar la candidatura a gobernador en 1999 del entonces senador nacional.
También pusieron de manifiesto que la Cafesg “es un organismo que tiene suficientes mecanismos de control para garantizar la transparencia del uso de los recursos y cuenta con un directorio del que participa la oposición y en el que se debaten todas las decisiones de las obras que componen el plan de inversiones”.

SIEMPRE PRESENTE. En otro tramo de la declaración señalaron: “Hombres ajenos a la región, a la lucha inclaudicable de nuestras comunidades y enemigos de los intereses del pueblo de Salto Grande han pretendido despojar a la región de estos recursos, incorporando este fondo a las arcas generales, como lo intentó el ex gobernador Sergio Montiel, y privar a la zona de obras sumamente necesarias que la dictadura ignoró o desestimó, en perjuicio de miles de familias entrerrianas que allí habitan”.
“En lugar de destruir lo que funciona y beneficia a la región hay que agudizar el ingenio y el talento para crear nuevas fuentes de recursos para atender a regiones no afectadas por Salto Grande. Caso contrario, estas propuestas son afines a los intereses centralistas que han conspirado contra este fondo”, añadió la declaración, tras lo cual advirtieron que están “dispuestos a movilizarse” en defensa del actual funcionamiento del sistema.
Tras señalar que detrás la propuesta de “Maya y Chesini” -en rigor es sólo Chesini el autor- hay “una motivación ajena a los verdaderos intereses de la comunidad”, recordaron que propuestas legislativas similares “ya se plantearon sin éxito. Siempre se defendió al fondo y particularmente durante la actual gestión del gobernador, Sergio Urribarri, conocedor de los problemas de la región y que presidió esa comisión durante los cuatro años de gestión del gobierno de Jorge Busti”.

El contexto de la declaración
La respuesta de los jefes comunales de Salto Grande parece orientada a emparentar directamente el proyecto de Chesini con el hoy peronista disidente Maya, de modo de restarle legitimidad dentro de las filas del oficialismo.
Esa situación obedece a que habría varios senadores oficialistas dispuestos a acompañar el proyecto de Chesini, ya que en caso de convertirse en ley significaría que sus departamentos reciban fondos de Cafesg.
Esto es así porque la propuesta de Chesini es que la inversión de los aproximadamente 400 millones de pesos anuales que maneja Cafesg se realice en los 17 departamentos de la provincia, y no en ocho como ocurre ahora.
La alusión a las “grotescas e irracionales” declaraciones de Maya tiene que ver con que el ex senador nacional sostiene que la Cafesg es utilizada como una “caja política” donde se manejan discrecionalmente miles de contratos y subsidios. También dice Maya que la Provincia no reclama las deudas que la Nación mantiene por estos fondos, dejándose “robar” calladamente.

Lo que dice el proyecto
Según el proyecto de Chesini, el reparto de los fondos de Cafesg se realizará de la siguiente manera:
- El 50%, para los municipios afectados por las inundaciones provocadas por la crecida de los ríos Uruguay y Paraná, en territorio entrerriano y por otros cursos interiores que pudieron haber afectado poblaciones.
- El 40% se coparticipará en la totalidad de los municipios conforme a las alícuotas generales vigentes.
- El 10% será administrado por el Poder Ejecutivo provincial, conforme a los criterios que establezca la reglamentación.

Proyecto. En el segundo artículo se establece “un plazo de dos años como máximo para la culminación de las obras de reparación de los daños causados por la crecida imprevista de los ríos y arroyos”. Y menciona que una vez concluidos los trabajos, el porcentual de fondos destinados (50%) “pasará a ser distribuido entre todos los municipios conforme a las alícuotas generales vigentes”.
El proyecto, además, limita a los municipios en el manejo de esos fondos percibidos ya que en su artículo 5 señala que “los excedentes que reciban no podrán ser utilizados para atender gastos corrientes, ni para cancelar deuda o pagar intereses de empréstitos tomados” antes de la sanción de la nueva norma.
En el artículo 7 se exige a la Comisión Administradora que “deberá informar en forma mensual el monto de los fondos recibidos desde la Nación y los efectivamente transferidos a los municipios a la comisión de seguimiento y ésta, en forma bimestral, a las comisiones de Presupuesto y de Legislación General de ambas cámaras”.