El Gobierno nacional ratificó su denuncia su denuncia contra ruralistas por la construcción de canales clandestinos que habrían contribuido a las inundaciones en San Antonio de Areco.
Así lo hizo el subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Fabian Rios, ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en donde también se acompañó material fotográfico y planimetrico de la zona afectada por las inundaciones en San Antonio de Areco semanas atrás.
Ahora, se prevé que el juez Canicoba Corral, quien había habilitado la "feria" judicial para darle curso a la denuncia, corra vista a la fiscalía para que ella dictamine si impulsa o no la investigación.
En tanto, las fuentes estimaron que podría plantearse una cuestión de incompetencia del juzgado de la Capital Federal, y que se decida que sean jueces federales de Mercedes o Zárate-Campana, que tienen jurisdicción sobre las rutas 8 y 9 respectivamente, y donde tuvieron lugar las inundaciones.
La ratificación de la denuncia había sido fijada para la semana pasada, pero la misma se pospuso puesto que el funcionario del Ministerio de Planificación se encontraba en el exterior y no podía concurrir al juzgado de Canicoba Corral para hacerlo.
La denuncia fue efectuada por el Gobierno nacional luego de las serias inundaciones en San Antonio de Areco, que afectaron a la mayoría de los habitantes y dejaron gran cantidad de evacuados.
Tras ello, desde el Ministerio que dirige Julio De Vido solicitaron a la Justicia que "se instruya el pertinente sumario tendiente a comprobar si (los hechos denunciados) configuran delitos penales contra la seguridad pública, tipificados en los artículos 186 y 196, en función del artículo 194 del Código Procesal Penal de la Nación".
"Se ha verificado la existencia de numerosos canales construidos en los campos de la zona, la mayoría de los cuales colectan el agua superficial y sub-superficial de las subcuencas vecinas al cauce principal, desembocando su curso en el Río Areco y/o a los canales aliviadores de las rutas", según la denuncia.
Además, desde el Gobierno aseguraron -tal cual lo expresaron en la denuncia- que "buena parte del agua que debía retenerse en la cuenca rural, fue derivada de manera directa y artificiosa mediante esos canales hacia el río y de allí a la ciudad".
En la presentación, solicitaron a la Justicia que determine si la existencia de los canales "no declarados" en la zona y alrededores, es legal o no.