En noviembre, el Parlamento italiano aprobó una ley que obliga a los municipios a poner en el mercado sus redes hídricas en 2010. La cuota pública de participación deberá bajar hasta el 30% y los Ayuntamientos deberán vender todos los servicios relacionados con el agua y garantizar su transformación en sociedad anónima. “En ninguna otro lugar de Europa –dijo Emilio Molinari presidente del Contrato Mundial para el Agua– se impide al sector público mantener la mayoría de acciones. El riesgo es que todo termine en las manos de las sociedades anónimas y de las multinacionales. Y si el servicio no funciona tendrás que dirigirte a un centro de llamadas”. Esto va a afectar a 64 Ámbitos Hídricos Territoriales (ATO), de los 90 que hay en Italia en función de una ley de 2002. En estos ámbitos los municipios han conservado la mayoría de las acciones, a pesar de la entrada de bancos y multinacionales. De los 26 ATO que ya han sido completamente privatizados, han surgido cuatro colosos: Acea de Roma, que ha comprado el agua de Toscana; Amga de Génova y Smat de Turín, que formaron Iride; Hera, de Bolonia, que ha ocupado el territorio de Padania; y A2A, que nació por la unión de Aem de Milán y Asm de Brescia. En estas corporaciones hay una fuerte presencia de multinacionales como Veolia y Suez, de bancos y empresas.
Para estas “cuatro hermanas” se abre una nueva campaña de conquista. Desde 2007 la Comisión Antimonopolio consignó a estos grupos como los pilares de un oligopolio. Las cuatro están formados por un mismo enlace financiero y están bien relacionados con los partidos políticos. Desde hace años, derecha e izquierda votan por unanimidad sobre el asunto y lo mismo hicieron en agosto, cuando el decreto llegó al Parlamento. Cuando los comités por el agua pública de todo el país recogieron 400.000 firmas bajo una propuesta de “ley de iniciativa popular”, en julio de 2007, no se encontró un solo diputado que fuera capaz de representar la voluntad ciudadana. La izquierda votó en contra sólo a finales de noviembre.

Referéndum popular
Cologno Monzese es uno de los 144 municipios de los alrededores de Milán que se oponen desde 2006 al proyecto de ley de Lombardía para la privatización. En estos días los consejos municipales han decidido promover un referéndum popular regional. En los bares de Cologno han puesto una etiqueta al agua del grifo, ya que los análisis han demostrado que está a la altura de las mejores aguas minerales. La llaman “el agua del alcalde” y la gente la reclama como derecho. “Vamos al combate, no queda otra”, explica a DIAGONAL Giovanni Cocciro, asesor del Ayuntamiento. En toda la región han nacido “casas del agua” y en el cercano Piamonte se distribuye gratis el agua en jardines arbolados.
Hace 20 años que no hay inversiones públicas en el sector hídrico en Italia y esto produce problemas en los alcantarillados, la contaminación de los recursos hídricos subterráneos y de superficie, y el pésimo estado de los acueductos, con fugas y filtraciones de entre el 30% y el 40% del agua canalizada en muchas regiones. Un italiano de cada tres no tiene acceso a una cantidad suficiente de agua potable en regiones meridionales como Calabria, y en muchas zonas del Sur el agua está garantizada sólo unos días por semana y a veces unas horas. En lugares como Cerdeña son sólo seis horas al día.
Según los cálculos del Contrato Mundial para el Agua, las obras de modernización ascienden a 62.000 millones de euros. La entrada de las empresas privadas debería permitir reducir las tarifas, pero hasta hoy, allí donde han entrado las grandes sociedades, las tarifas han subido mucho, los problemas de la red hídrica han sido los mismos y lo único que han descendido son los controles de calidad. En Aprilia, una ciudad del Lazio, hubo subidas del 300% en las tarifas, y como consecuencia, una huelga de recibos en contra de la sociedad Acqualatina. En Florencia la situación se ha vuelto paradójica: el municipio impulsó una campaña para ahorrar agua y un año después, frente a la rebaja de los gastos, la sociedad Publiacqua envió a los usuarios una carta donde explicaba que, por el menor suministro, se veía obligada a subir las tarifas para ajustar cuentas.