El anuncio de un nuevo aumento tarifario tanto en el servicio del agua potable como de la luz sigue generando reparos y rechazos. El Foro de intendentes y presidentes comunales justicialistas emitió un comunicado en el que repudian la decisión. La CGT también se opuso por considerar que se “atropella” la capacidad contributiva de los trabajadores. Y desde Adelco exigieron que como mínimo, se discuta el tema en audiencias públicas.
El titular de la entidad de defensa al consumidor, Luis Lombó, diferenció el incremento que se propone para el agua del que se sugiere para la luz. “En el caso del agua potable, hay que decir que las ciudades concesionadas por Assa tienen tarifas muy bajas comparadas con otras localidades que tienen el servicio a través de cooperativas. Y esto es porque la empresa se ha quedado muy atrasada”, explicó. En diálogo con El Litoral, opinó que “debería buscarse una tarifa igualitaria”, aunque rescató que haya un ente de control, que se verifique la calidad del servicio, y que existan mecanismos de compensación a favor del usuario, cuando se producen cortes, fallas o problemas de presión.
“En el caso de la luz, en cambio, el aumento no nos parece razonable. Tenemos el servicio más caro del país, y no tenemos derechos como consumidores. No hay reintegros o indemnizaciones cuando se sufren cortes o se queman electrodomésticos, y no hay un ente que ejerza el control externo. Muchas veces se compara la situación con Córdoba, que también tiene una tarifa alta, pero al menos los derechos del usuario allí están regulados. En Santa Fe, los usuarios de la EPE tienen que acudir a los medios de comunicación o a organismos como Adelco o la Defensoría, porque no hay quién los defienda”, comentó.
Para Lombó, las empresas (Assa y EPE) deben explicar en qué invertirán el dinero de los aumentos y cuál será el horizonte de mejora en la calidad del servicio. Pero más allá de eso, exigió que en ambos casos se convoquen a audiencias públicas para que la decisión se discuta con todas las partes involucradas.

Desde la CGT
La conducción de la CGT local también rechazó tajantemente los aumentos. “Una vez más, el asalariado deberá hacer frente a tarifas de servicios que exceden su capacidad contributiva. Todavía no se recompusieron los salarios, y el gobierno se adelanta licuándonos los posibles aumentos”, advirtió el titular de la entidad, Alberto Cejas.
El dirigente advirtió que “es muy fácil pescar en una pecera, pero sería bueno antes de aumentar la energía, controlar el fraude que ha denunciado la propia EPE, ya que es muy injusto tener que afrontar con nuestros salarios, el robo de energía que por lo general se produce en los sectores más pudientes”, acotó.
Cejas dijo sorprenderse de que “quienes a diario cuestionan y/o indican al gobierno nacional de las políticas a desarrollar, en cuanto a equiparar las cargas, no las apliquen en la provincia”. Y sostuvo que este anuncio de aumento tarifario representan “un nuevo ataque a la economía familiar de los obreros santafesinos, sin prever una convocatoria a paritarias”.

Intendentes
Por su parte, el Foro de Intendentes y Presidentes de Comunas Justicialistas de Santa Fe manifestó su “enérgico rechazo” al aumento tarifario. Sostuvieron que la medida es “un ataque a los sectores de menores recursos” y pidieron una distribución equitativa del ingreso.
“El gobierno provincial le debe a la empresa Aguas Santafesinas 70 millones de pesos, por lo que no ha cumplido con lo presupuestado en 2009 -denunciaron-. El gobierno de Binner pretende aumentarle la tarifa a los santafesinos para, de esta manera, no cumplir con sus obligaciones con la empresa”.
Para los jefes municipales del PJ, “existe un déficit enorme por parte de la administración provincial con todos los santafesinos”, y a modo de ejemplo, mencionaron “la poca cantidad de obras de saneamiento y de mala calidad realizadas en 2009 y la falta de un plan para 2010”.
“Ningún municipio sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene pensado hacer el gobierno provincial para dar una respuesta en materia de saneamiento a miles de santafesinos, sin embargo, sí saben que las tarifas aumentarán”, expresaron.
Los dirigentes peronistas alertaron que “ya van dos años de esta gestión y ningún municipio o comuna vio obras que mejoren la calidad de vida de su gente, que justifiquen los sucesivos aumentos tarifarios que viene realizando Assa”.

Progresistas
El diputado obeidista Marcelo Gastaldi refutó lo que adelantara el ministro Antonio Ciancio como aumentos “progresivos y no traumáticos” de las tarifas, y dijo que “parece que el único rasgo progresista de este gobierno son los aumentos”. El legislador reiteró, tal como lo había hecho su par Mario Lacava, que “estamos muy lejos del plan de inversiones de 1.000 millones de pesos en cuatro años que nos proponía la administración del gobernador (Hermes) Binner, cuando fundamentaba los primeros aumentos del 2008 y los de los años posteriores.