El Gobierno ratificó ante la Justicia su denuncia contra ruralistas por la presunta construcción de canales clandestinos que supuestamente habrían favorecido las recientes inundaciones registradas en la provincia de Buenos Aires, en zonas como la de San Antonio de Areco.
Se trata de una nueva manifestación de rencor hacia el sector agropecuario, cuando lo que correspondería, en cambio, es investigar todo el contexto y estudiar programas integrales del control y uso del agua.
Merecen conocerse mejor las causas de las grandes inundaciones que han ocasionado perjuicios de toda índole, incluso en centros urbanos cuyos pobladores debieron ser evacuados con pérdidas a veces totales de sus viviendas, pertenencias y, en algunos casos, de sus vidas.
Para el ministro de Planificación, Julio De Vido, y para el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, lo primero por investigar es la responsabilidad de los productores rurales, presuntos constructores de canales clandestinos destinados a deshacerse de aguas excedentes en sus predios para derivarlas aguas abajo.
En lugar de un estudio integral de la situación, el oficialismo nacional y el provincial prefieren descargar sus iras, como es habitual, sobre quienes consideran erróneamente enemigos: los productores rurales. Sin perjuicio de la existencia de otras ciudades y poblaciones inundadas, entre las cuales se encuentran Pergamino, Salto y Arrecifes, ha sido San Antonio de Areco, por la gravedad de su inundación, la ciudad que ha concentrado la atención pública.
Un primer hecho para señalar es la magnitud del meteoro, que descargó 200 milímetros de lluvia en una jornada y pocos días después produjo diluvios similares. La experiencia en la materia indica que ante una precipitación corriente, un tercio del agua penetra en el suelo, otro tercio se evapora y el restante se escurre aguas abajo.
En el presente caso, los suelos habían quedado ya saturados con las primeras lluvias, de manera que los aluviones posteriores tuvieron como casi único destino las tierras entre las cuales se levanta la ciudad, situada a la vera del río desbordado.
Breves cifras explican lo ocurrido. Se sabe que cada milímetro de lluvia equivale a 10 metros cúbicos por hectárea, de manera que los 200 milímetros de la primera lluvia significaron 2000 metros cúbicos por hectárea, cuya mayor proporción por la magnitud de la lluvia no pudo ser contenida por el suelo prontamente saturado y se derramó aguas abajo.
Los estimados 200 milímetros siguientes significaron 2000 metros cúbicos adicionales por hectárea, ya sin capacidad de absorción y con mínima evaporación por la frecuencia de las lluvias. Teniendo en cuenta que la cuenca que derrama sobre el río Areco cuenta con decenas de miles de hectáreas, se puede calibrar la dimensión de la inundación ocurrida.
A partir de allí surgen otros hechos. Por un lado, los canales construidos por sucesivos gobiernos no han sido mantenidos libres de obstáculos para que puedan permitir el escurrimiento de las aguas, al igual que en el caso del propio río Areco, en cuyo cauce se construyeron obras de embalse dignas de encomio con el objeto de disponer de un balneario público.
Siguiendo la carrera de obstáculos, debe observarse la contención de las aguas por parte de los terraplenes de las rutas nacional 8 y provincial 41, cuyos puentes destinados al desagüe han sido marcadamente insuficientes. Por último, la desembocadura del río Areco en el Paraná encuentra a este gran curso bien crecido y renuente a absorber el caudal de su afluente. ¿Cuál es la responsabilidad que supuestamente podría corresponder a productores si existieran unas pocas zanjas? Virtualmente ninguna.
En cambio, cabe preguntar por la responsabilidad de quienes desde el Gobierno no registraron obras clandestinas que perjudicaban a la comunidad. Es tan grande la magnitud de las deficiencias en la prevención y en el control del curso y uso de las aguas que la autoridad provincial pierde, por acción u omisión, la casi totalidad de los litigios en los que resulta involucrada por este tema en los tribunales.
Mirando hacia adelante resulta recomendable la lectura y reflexiones de Florentino Ameghino, quien cien años atrás aconsejaba retener el agua allí en los lugares donde caen las lluvias, en lugar de facilitar su escurrimiento hacia el mar llevando en suspensión la riqueza de nuestros suelos. Los productores utilizan hoy la siembra directa que, unida a la rotación de los cultivos, perturbada por la política oficial, aumenta la capacidad de absorción del agua por parte de los suelos. Claro que aun así resulta difícil contener torrentes del calibre mencionado.
Sin embargo, una política integral de aguas permitirá un mejor control de tristes episodios como los que se han vivido.