El fin de la concesión del servicio de agua potable y cloacas en la Capital, Chilecito y Chamical que culminó el jueves, fue consecuencia de un cambio de posición en el Gobierno provincial.
En la década del ‘90, el oficialismo levantó las banderas de la eficiencia en el servicio y de la disminución del déficit público para privatizar servicios esenciales como el agua y la electricidad.
Así la empresa Aguas de La Rioja llegó a la provincia de la mano del grupo Latinaguas en 1999 para hacerse cargo, primero de la administración del servicio y en 2002 consiguió la concesión del servicio por los próximo 99 años.
El vínculo contractual con el Estado riojano se rompió el jueves pero acarrea una larga historia de justificaciones que llevaron a la extinción de una relación que fue demasiado amistosa durante más de 6 años.
Durante sus primeros años en la provincia Aguas de La Rioja, no tuvo una actitud muy distinta a la que mostró en los últimos años, pero el gobierno de entonces justificaba las inversiones de parte del Estado porque el servicio estaba concesionado privatizado pero le seguía perteneciendo al Estado.
En marzo del 2007, con el cambio de Gobierno comenzaron a distanciarse las posiciones entre el gobierno y la privatizada.
Una de las primeras medidas de Beder Herrera, vía legislativa fue declarar la emergencia en los servicios públicos y crear una comisión renegociadora de los contratos tanto con Aguas de La Rioja como con EDELaR.
Aunque poco se sabe en las últimas horas de la actuación de este equipo que constituían el ministro de Infraestructura, Javier Tineo, su par de Hacienda Ricardo Guerra y el secretario de la Gobernación Luis Brizuela, lo cierto es que desde entonces a la fecha esta acción sirvió para frenar los pedidos de actualización de tarifas que preveían las firmas.
Pero con Aguas de La Rioja la situación empeoró en agosto cuando el gobierno le exigió a la empresa, a cambio de seguir financiando inversiones, que incluyera dos directores con capacidad para inmiscuirse en los asuntos de la empresa.
La medida fue acompañada con una auditoría técnica, que llevó adelante la Secretaría del Agua, con la cooperación del EUCOP, y otra financiera que desarrolló la UCI que no le favorecieron a la empresa.
En un corto plazo, la medida oficial se consolidó con la intervención al servicio a cargo de Juan Luna Corzo, que dejó con poco margen de maniobra a la firma, que vio concluida su misión en La Rioja el jueves.