Finalmente, el final tantas veces previsto y anunciado llegó. Y aún cuando fue bastante más precipitado que lo que propios y extraños suponían, no generó sorpresa. Si bien el Gobierno había anticipado días atrás que continuaría adelante con la intervención del servicio de aguas y cloacas, concesionados a la empresa Aguas de La Rioja para Capital, Chilecito y Chamical, casi en el final de la semana, salió a la luz el decreto que "cerró el chorro" y le puso el punto y aparte a una relación absolutamente resquebrajada y desgastada entre el Estado y la empresa.
Entre sus considerandos, la norma, que necesita contar con el aval de la Cámara de Diputados, argumenta falta de inversiones, deudas de la empresa por más de 40 millones de pesos y deficiencias graves en el servicio. Nada que no conozcamos.
Sin embargo, lo que sí resultó llamativo fue que el anuncio oficial lo realizara el gobernador Luis Beder Herrera desde Chilecito, luego de una extensa reunión que mantuvo con el intendente de aquel departamento, Lázaro Fonzalida -junto a integrantes de su gabinete y del Concejo Deliberante local- y de la que participó también el titular de la Unidad Interventora del Servicio, Juan Luna Corzo. Ante la envergadura del anuncio, no fue un dato menor la ausencia de funcionarios provinciales que acompañen al mandatario provincial.
Tampoco dejó de ser llamativa la sensación de premura en la toma de decisiones por parte del Ejecutivo provincial que bien podría tener que ver con la réplica de la empresa, que responsabilizó al Gobierno por la situación y se adjudicó la "primereada" en la decisión de rescindir el contrato en un comunicado de prensa en el que deslindó toda responsabilidad en la continuidad de la relación que la vinculaba con el Estado riojano.
Al respecto, la empresa sostuvo que habiéndose vencido el plazo de 30 días durante los cuales el Estado Provincial debía haber revertido la situación, sin que se haya logrado repuesta alguna, tomó la decisión de rescindir el Contrato de Concesión celebrado con la Provincia de La Rioja, por exclusiva culpa del Estado Provincial.
Claro que el hecho no quedará simplemente en una disputa para ver quién fue el primero en rescindir el contrato, sino que, por el contrario, y tal como lo anticipó el propio Beder Herrera, la causa tiene destino de Justicia, con todas las derivaciones que esto implica -la empresa podría demandar al Estado por una cifra millonaria-.
Mientras tanto, el Estado justifica la determinación en varios hechos puntuales: no es bueno el servicio, la empresa está fuertemente endeudada -tiene alrededor de 40 millones de pesos en deudas- y es una empresa que sostiene que capitalizó con 13 millones y ahora debe 40, al decir del propio Gobernador.
Asimismo, desde el Ejecutivo se pone en tela de juicio a la empresa a partir del presunto desvío de fondos a fines distintos o ajenos al verdadero servicio público y que habría realizado durante el tiempo que duró la concesión y que, hoy por hoy, Aguas de La Rioja no tiene bienes, vehículos, ni edificio y requiere de fuertes inversiones para capitalizarse, algo que el Estado no está dispuesto a afrontar.
Pero más allá de estas cuestiones que en alta probabilidad se dirimirán en el ámbito de la Justicia, lo que preocupa aquí es la continuidad de la prestación del servicio, para lo cual, desde el Gobierno se anticipó que se seguirán realizando las inversiones necesarias, tras lo cual se intentaría conformar una nueva empresa, pero con participación estatal, lo que, sin embargo de ninguna manera implica la reestatización del servicio.
Y en este sentido, se estima que en los próximos días el Gobierno comenzará a armar la estrategia de conformación de la empresa mixta que en adelante se encargará de cubrir el espacio que deja Aguas de La Rioja, aunque en rigor de verdad, hay una situación que urge y que es la que en la actualidad vive Chamical, a partir de la escasez de agua en las napas subterráneas, la nula provisión del dique La Aguadita y la desaparición de vertientes.


¿La misma suerte?
Por esas casualidades de la vida cotidiana -no tan casuales en épocas estivales- el fin de la historia de Aguas de La Rioja coincidió con un apagón generalizado en el Oeste de la Provincia, que puso los pelos de punta al Gobierno y en tela de juicio una vez más a la prestación del servicio de energía por parte de Edelar que, una vez más y fiel a su estilo, deslindó toda responsabilidad. Y más de uno se preguntó entonces...¿qué pasará con Edelar, ahora que el Gobierno se animó a poner punto final a Aguas de La Rioja? Las quejas, los reclamos, que tienen que ver básicamente con la falta de inversión por parte de las empresas en infraestructura que permita mejorar los servicios, son coincidentes, tienen el mismo origen.
Y, precisamente, el Gobierno provincial expresó su fuerte malestar con la empresa Edelar por el deficiente servicio y la falta de inversiones. Ocurre que esta situación, que afectó a usuarios de los departamentos Chilecito, Coronel Felipe Varela y Famatina, entre otros, reavivó en el Gobierno la decisión de avanzar fuertemente en reclamar una mejor prestación del servicio por parte de la empresa, según lo hizo saber el ministro de Infraestructura, Javier Tineo. El funcionario, anticipó además que a través del EUCOP se aplicarán con mayor rigor todas las penalizaciones que sean necesarias previstas en la ley.
Y este, el rol del EUCOP es sin dudas un punto clave que no debe ser dejado de lado como se hace casi sistemáticamente. El Ente Unico de Control de las Privatizadas está precisamente para eso, para controlar.
Pero de un día para el otro, los riojanos se dan con que la empresa Aguas de La Rioja, por citar el ejemplo más reciente, mencionado además por el propio Ejecutivo -de quien depende directamente el EUCOP-, desvió fondos y, en consecuencia, es inobjetable que los controles fallaron o directamente no se hicieron. Y si no controla el EUCOP, ¿Quién controla?...