La caja negra de los aviones es un artefacto diseñado para recoger todo tipo de grabaciones, señales y medidas que se efectuan en el transcurso de un vuelo, con el fin de recoger la máxima información posible en el caso de un desastre aéreo. La cita es oportuna si se compara a la empresa Obras Sanitarias Mendoza (OSM), con un avión que cayó sin hacer demasiado ruido aunque las consecuencias del impacto pueden sentirse próximamente.
Y la caja negra de OSM ya la abrieron en el Gobierno. Jaque la conoce desde la última semana de diciembre, cuando le llegó un informe con los resultados de la auditoría que la Intervención de OSM ordenó en agosto, ni bien asumió el control operativo de la empresa más grande de Mendoza que potabiliza y distribuye el agua para consumo humano y trata los deshechos cloacales.
La convicción de que hay que hacer caer la concesión está instalada en el Ejecutiva y es fogoneada por el mismo interventor, Gonzalo Dávila quien remitió al mandatario y a Javier Montoro, titular del Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS) los resultados de la auditoría.
Las conclusiones de ese estudio trascendieron luego de que se observara en la estructura del Presupuesto 2010 que se le debían asignar facultades especiales a la Fiscalía de Estado para “contratar asesoramiento o representación legal necesaria en forma directa para defender los intereses de la Provincia ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) un organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial. Es el artículo 20 del Presupuesto Provincial que actúa también como advertencia de lo que puede sobrevenir una vez que el gobierno decida hacer caer la concesión de Obras Sanitarias.
Ahora bien, Dávila hace rato que viene anunciando este final. Lo dijo ante los integrantes del Consejo Asesor del Agua organismo creado para asesorar a Dávila mientras dure la intervención de la empresa. El 16 de diciembre fue la reunión de estos técnicos muchos de los cuales tuvieron a cargo la auditoría en cuestión que se transformará en la mejor prueba que tendrá el Estado para defenderse de las demandas de los accionistas cuando el contrato de concesión caiga.
Ese día la frase más repetida por Dávila y sus colaboradores fue: “Que se vayan todos los accionistas”.

Cómo está compuesta actualmente OSM
La "torta" accionaria de la empresa está conformada por el 20 por ciento de acciones clase “A” en manos de la Provincia; otro 20 por ciento de acciones clase “C” es de grupo Saur Internacional; además el 10 por ciento de acciones clase “B” está en manos del personal de la empresa; mientras que el restante 50 por ciento de acciones clase “A” está bajo el control de Inversora Aconcagua.
Ahora bien, ¿cómo está compuesta Inversora Aconcagua? Esta porción, la mayor de la torta accionaria está formada por South Water con 57,5 por ciento; Inversora Mendoza tiene el 20 por ciento; el 17,5 por ciento está en manos de Saur Internacional; y el 5 por ciento restante es de Italgas.
Como si el cursor de una computadora se ubicara en una ventana para abrir un hipertexto, hay que "abrir" en Inversora Mendoza. Este grupo está integrado por South Water con un 33,33 por ciento; Saur Internacional con otro 33,33 por ciento; en tanto los grupos empresarios locales Presidente (de Mario Groisman) y Dalvian (de la familia Vila) con 16,67 por ciento cada uno.
Como se ve los grupos internacionales Saur y South Water son los principales accionistas de OSM, en ese orden, de acuerdo a un diagrama que el mismo gobierno se encargó de distribuir durante este proceso de intervención.
A propósito el grupo francés Saur es el que ya ha planteado una demanda por 70 millones de dólares ante el CIADI por la presunta inversión que ha hecho en la empresa y que no han sido reconocidos por el Estado.

La Auditoría, o la caja negra
Según algunos detalles que trascendieron de este análisis que llegó a la Gobernación el 29 de diciembre se vislumbras dos casos que revisten de gravedad para la empresa y también para el servicio.
Por un lado, un presunto desmanejo financiero y económico de la empresa; y por otro, el caso de incompatibilidad detectado en la curiosa doble actuación de un alto funcionario de la empresa. Y además, un caso de riesgo de contaminación con mercurio del agua potable detectado por el EPAS.
Una llamativa cuenta del Banco Regional de Cuyo que no tiene asiento ni constancia dentro de la misma empresa fue hallada por los auditores. Aunque esta cuenta está a nombre de OSM dentro de los registros del banco y es operada desde un estudio contable privado.
La cuenta ha movido fondos por 30 millones de pesos desde hace una década, dicen los informantes desde la misma intervención.
La cuenta “secreta” era utilizada para pagos reservados de los ejecutivos de la empresa, remarcan quienes han accedido al documento oficial y que por ahora tiene carácter de confidencial.
Los relatos surgido de ese escrito voluminoso que está en el despacho de Jaque puntualizan que hay una buena parte de ese dinero era destinado para grandes gastos sin estar identificados. Y por otro lado también se detalla que de esa cuenta salían los fondos para pagar los haberes de los principales ejecutivos de OSM.

El síndico, sindicado
Los informantes que actúan dentro del esquema de control de la intervención de la empresa subrayaron que los auditores encontraron una gran falta en el doble rol de un síndico de la empresa, que a la vez, es director de uno de los grupos que controlan la misma OSM.
Si es así, la situación reviste una transgresión a la Ley de Sociedades, por lo que puede derivar en denuncias penales concretas contra las personas y demandas civiles contra los grupos empresarios a quienes representan.
Presumen que sólo puede ser un caso testigo de una situación más extendida y que es causal de la caída de la concesión de acuerdo al contrato del servicio.

El Mercurio que motivó la intervención
Un caso de riesgo contaminación fue detectado por el EPAS a principios de 2008 y esa fue una de las causas en que se basó el decreto provincial que habilitó la intervención de Obras Sanitarias.
Siempre de acuerdo a los testimonios surgidos del mismo ente contralor fue una partida de Hipoclorito de Sodio (lavandina) utilizada en el tratamiento potabilizador que contenía un exceso de Mercurio que convertía a este compuesto en peligroso y potencialmente contaminante.
La auditoría confirmó el asunto por lo cual la irregularidad verificada que ocasionó la intervención sigue en pié.
Aunque estos resultados son contundentes, son preliminares para quienes realizaron la investigación y recomendaron ahondar más en estas observaciones, por lo cual el Gobierno decidió primero extender la intervención por seis meses más pero sólo con el objetivo de confirmar estas irregularidades y avanzar directamente en la derogación de la concesión.
Mientras el sistema de cañerías y del servicio continúa bajo la amenaza del colapso y más en verano cuando la demanda aumenta. Los responsables de la operación del sistema han advertido en reuniones reservadas que ahora se suma la crisis económica y financiera de la empresa.
Concretamente, según el informe del gobierno Obras Sanitarias Mendoza está contaminada de maniobras dolosas que le han generado un déficit que se hará sentir este año que recién se inicia.
Por eso la campaña de concientización del uso racional del agua potable que el Gobierno impulsa a través de los spots publicitarios parece tener un mensaje oculto. El anuncio declama: “El Gobierno ya tomó una decisión e intervino a la empresa por incumplimiento, ahora la decisión tómela usted”. Además de pedir ayuda a la población para cuidar el líquido vital sino que también espera apoyo social cuando decida quitarle la concesión a los grupos que controlan a la empresa.