Desde octubre de 2008, la ley 9.526 prohíbe en la provincia de Córdoba la minería metalífera a cielo abierto y la minería de uranio y torio. Sorpresivamente, la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Apcnean) iniciaron un silencioso ataque judicial contra la ley. Pretenden que el Tribunal Superior de Justicia la considere inconstitucional, cuando se ajusta perfectamente a los artículos 41º y 124º de la Constitución Nacional, y a la Constitución de la Provincia.
Hicieron, además, su planteo en el peor momento ambiental de Córdoba, cuando las cuencas hídricas -principales víctimas de la megaminería metálica y del uranio- entraron en la peor crisis de su historia. Debe recordarse que esta iniciativa del Poder Ejecutivo fue apoyada por movimientos sociales, organizaciones ambientalistas y cátedras universitarias, y que el sector minero participó del debate.

Error conceptual. Erróneamente se la llama "ley antiminera", cuando sólo prohíbe la minería metálica y del uranio y el torio, que no tienen yacimientos significativos en la provincia. El secretario de Minería, Aldo Bonalumi, señala que esta ley no impide la actividad minera en Córdoba. ¿Por qué se hizo entonces la presentación judicial? En primer lugar, la ley es considerada "un mal ejemplo" por los sectores que alientan la radicación en Argentina de corporaciones mineras transnacionales. Temen que se propague en un país donde ya están vigentes leyes similares en seis provincias.
En segundo lugar, los firmantes imaginan que luego se aprobará otra ley para prohibir la minería no metálica. Vaticinan, además, grandes calamidades en el plan nuclear y que Argentina -por culpa de Córdoba- quedará fuera del sistema nuclear mundial. Esto es absurdo.
La ley 9.526 es sabia porque protege las destruidas cuencas hídricas de la megaminería de superficie. Las sierras de Córdoba -principal objetivo de las mineras- tienen una función irreemplazable: "fabricar" el agua en las principales cuencas hídricas, actuar como caja de ahorro y aumentar la resistencia a las sequías y los excesos de lluvia. Lamentablemente, en la provincia sólo quedan, como bosque cerrado, menos de cinco por ciento de la superficie original. Y uno de los ambientes más afectados es precisamente el serrano. Los cortes en el suministro de agua son una llamada de atención que los propios mineros no deberían ignorar.

El caso Los Gigantes. Pero Córdoba tiene además buena memoria, y la ley lo refleja. La mina de uranio de Los Gigantes contaminó indiscriminadamente los arroyos Cajón y Cambuche, y la cuenca del río San Antonio. Aprovechando las crecidas de los ríos, lanzaba, alternativamente, descargas ácidas de color verde y descargas alcalinas de color blanco. Hoy, la mina sigue sin estar remediada, y en un recorrido de campo realizado recientemente se midió un fondo radiactivo que duplica el medido fuera de la mina. Actualmente, la totalidad de las minas de uranio que manejó la Cnea sigue sin estar remediada en Argentina, incluida Malargüe, donde apenas comenzaron algunas obras.
Curiosamente, una buena ley, que protege la "fábrica" de agua de los cordobeses, es atacada por un sector minero que ni siquiera resulta perjudicado por esa norma. Cuando en Argentina la megaminería hace peligrar los glaciares y el ambiente periglacial, y la explotación minera Alumbrera consume 95 millones de litros de agua por día contaminando además el agua y el suelo en tres provincias de Argentina, Córdoba está protegida.
El interés público y la protección de nuestras fuentes naturales de agua son más importantes que intereses sectoriales mezquinos, jurídicamente mal planteados e inoportunos.